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Panistas firman pacto con el partido ultraderechista español Vox

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Integrantes del grupo parlamentario del PAN en el Senado se reunieron con el presidente del partido político español de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, para firmar la Carta Madrid en contra del “avance del comunismo”.

La reunión estuvo encabezada por el coordinador panista, Julen Rementería del Puerto, quien afirmó que con esta carta se le envía un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador de que “México nunca va a ser comunista”.

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En un comunicado de prensa, la bancada del PAN destaca que la Carta Madrid “defiende la libertad, la democracia y la propiedad privada”.

“Hoy nace, aquí en México, un mensaje muy importante para el presidente y sus radicales: “México nunca va a ser comunista”, advirtió el coordinador Rementería.

“Como bien se dice en el texto, es apoyada por diferentes líderes políticos y sociales con visiones e ideas distintas e incluso divergentes, pero que compartimos la defensa de la democracia liberal, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada”, añadió.

De los 25 senadores del PAN, 15 firmaron la carta, entre ellos Rementería, Lilly Téllez, Roberto Moya, Alejandra Reynosa, Marco Gama, Nadia Navarro y Martha Márquez.

Además de los legisladores federales también se sumaron diputados locales del PAN en la Ciudad de México: América Rangel y Raúl Torres, electo como diputado migrante.

Fuera de Acción Nacional, también se sumaron activistas vinculados al partido, como Fernanda Betancourt, de la organización Hijas de la MX, o Alice Galván, de Unión Mujer.

La Carta de Madrid también fue suscrita a finales de 2020 por Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y el actor Eduardo Verástegui, conocido por impulsar organizaciones religiosas, pro-vida y en favor del expresidente estadunidense Donald Trump.

Las propuestas de Vox
El partido ultraderechista Vox llegó al Parlamento Europeo en 2019, tras dares a conocer en España con propuestas como la expulsion de migrantes. Sus diputados han defendido las terapias de conversion, niegan la violencia de género y promueven el pin parental, que ha tenido aceptación en varios estados de México.

Dicha medida es una ley que permite a los padres de familia decidir qué tipo de educación reciben sus hijos según sus convicciones y creencias religiosas, que ha sido retomada en Aguascalientes, Nuevo León, Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Morelos, Guanajuato y Baja California.

El pasado 13 de agosto, en la conmemoración de la conquista Española, Vox dijo que su país “logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas”.

“Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán”, suscribió Vox en sus redes sociales.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia,

secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los

reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el

temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única

reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando

cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta

rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o

desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando

todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos

hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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