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Papa avala juzgar a obispos por negligencia en casos de abuso

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El Papa aprobó hoy la creación de un nuevo tribunal eclesiástico en El Vaticano que se encargará de juzgar por negligencia a los obispos católicos que encubran casos de abusos sexuales contra menores de parte de clérigos.

Según informó el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, Francisco tomó esta decisión durante una reunión que sostuvo con el consejo de nueve cardenales que lo asesoran en el gobierno de la Iglesia universal, que tuvo lugar aquí del lunes 8 hasta este día.

El objetivo de esta medida es lograr la completa asunción de responsabilidad de parte de los obispos, quienes tienen la autoridad directa sobre todos los sacerdotes de sus respectivas diócesis.

En las sesiones del consejo cardenalicio, también conocido como C-9, el purpurado estadunidense Sean O’Malley presentó una propuesta avanzada por la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, organismo de asesoría al Papa en temas de prevención a abusos sexuales.

Esa propuesta incluyó cinco puntos, que fueron aprobados por Francisco, el cual dio orden para que se asignen los recursos necesarios para que se cumplan.

Entre lo aprobado destacó que se asignará a la Congregación para la Doctrina de la Fe la competencia para juzgar los casos de «abuso del cargo» o «negligencia» de parte de los obispos, en lo que respecta a los casos de pederastia clerical.

Además, autorizó el establecimiento de una nueva «sección judicial» dentro de la Doctrina de la Fe que llevará a cabo esos juicios y además absorberá los procesos en curso por delitos de abuso a menores contra sacerdotes de diversas partes del mundo.

Todas estas determinaciones fueron establecidas por un periodo de cinco años en vista de ulteriores desarrollos y para completar una evaluación formal de su eficacia.

Es la primera vez que El Vaticano tendrá un tribunal especial contra la negligencia de los obispos, hasta el momento los casos de mala gestión (no sólo de los casos de abuso, sino también de otras situaciones escandalosas) eran tratados por la Congregación para los Obispos.

En el pasado, la impericia de obispos en diversos países ha profundizado la crisis de los abusos. Un caso emblemático es el de Bernard Francis Law, exarzobispo de Boston (Estados Unidos) , quien salió huyendo de su país en 2002 y se refugió en El Vaticano para evitar un proceso por cobertura de abusos.

Siendo arzobispo minimizó las denuncias contra varios sacerdotes y para «acallar» las denuncias de abuso decidió cambiar a los clérigos de parroquia, potenciando así el número de víctimas.

El Universal

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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