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Papa Francisco acepta renuncia de tres obispos de Chile tras escándalo de abusos sexuales

Como consecuencia de la crisis por los abusos que sacude en sus cimientos a la Iglesia católica chilena, el Papa Francisco aceptó hoy las renuncias de tres obispos de ese país, entre ellos el cuestionado Juan Barros Madrid de la diócesis de Osorno.

Según informó la sala de prensa del Vaticano, el pontífice también acogió las dimisiones del arzobispo de Puerto Montt, Cristián Caro Cordero, y de Valparaíso, Gonzalo Duarte García de Cortázar.

Para ninguna de estas diócesis eligió un sucesor fijo, en todos los casos el líder católico designó administradores apostólicos “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis”, es decir “por sede vacante y hasta que la Santa Sede lo determine”.

Se trata de las primeras renuncias que Jorge Mario Bergoglio acepta luego que todos los obispos de Chile, en bloque, las presentaron el 17 de mayo pasado, luego de tres días de reuniones con el pontífice para analizar la crisis por los abusos de poder, de conciencia y sexuales de las últimas décadas, en la Iglesia de ese país.

El Papa reconoció públicamente que en Chile se ha dado una “cultura del abuso” y un “sistema de encubrimiento”, producto de una cultura elitista, de un arraigado clericalismo y de una pérdida del sentido espiritual en muchas instituciones católicas.

Ante el demoledor diagnóstico, presentado esos días por Francisco, los prelados decidieron poner sus puestos a disposición para permitirle decidir sobre el futuro de cada uno. Desde entonces, existía una gran expectativa por saber cómo respondería él.

Entre los primeros desplazados destaca Barros, el pupilo preferido de Fernando Karadima, el más famoso de los sacerdotes abusadores, poderoso y fascinante clérigo, durante años párroco del templo de Providencia, en el acomodado barrio “El Bosque” de Santiago.

En 2011, Karadima fue hallado culpable de abusos sexuales contra menores por el Vaticano y condenado a una vida de penitencia, alejado de todo ministerio público. No obstante, Barros siguió en su función episcopal sin mayores problemas.

Las víctimas más conocidas de los abusos de Karadima, James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, acusaron a Barros de ser cómplice y de haber, incluso, asistido personalmente a algunos de los abusos.

Pese a ello, el Papa lo designó como obispo de Osorno en 2015, desencadenando una crisis pública para la Iglesia chilena nunca antes vista. Debieron pasar tres años antes que Francisco descubriese que había sido engañado y que Barros sí estaba relacionado con los abusos, como señalaban diversas fuentes.

Bergoglio cayó en cuenta de la realidad durante su visita apostólica de enero pasado a Chile, donde incluso llegó a defender públicamente al obispo Barros argumentando que no había “evidencias” en su contra y que todo era, más bien, producto de “calumnias”.

A su regreso a Roma, envió a dos hombres de su confianza (Charles Scicluna y Jordi Bertomeu) en una misión investigativa a Santiago de Chile y tras entrevistar a 64 testigos, ellos le entregaron un informe de dos mil 600 páginas que consignaba no sólo no sólo el involucramiento de Barros, sino -sobre todo- la grave crisis producto de casos de abuso en diversas diócesis del país.

Así, el 8 de abril, el propio pontífice decidió pedir perdón por sus “graves equivocaciones” al analizar el problema y las atribuyó a una “falta de información veraz”, esto en una carta enviada a los miembros de la conferencia episcopal, en la cual los convocó de urgencia al Vaticano.

Antes de la comparecencia de todos los obispos en Roma, el Papa decidió recibir en privado y pedirles perdón personalmente a Hamilton, Cruz y Murillo, a quienes hospedó directamente en su residencia, la Casa Santa Marta.

Luego, anunció que tomaría medidas de corto, mediano y largo plazo, para recuperar la comunión y la credibilidad perdidas.

Al recibir este lunes las renuncias de los tres obispos, el líder católico designó como administrador para Puerto Montt a Ricardo Basilio Morales Galindo, superior provincial de la Orden de los Mercedarios en Chile.

Luego designó a los obispos auxiliares de Santiago de Chile, Pedro María Ossandón Buljevic y Jorge Enrique Concha Cayuqueo, como responsables temporales, respectivamente, de las diócesis de Valparaíso y Osorno.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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