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Para combatir corrupción, reciben 400 agentes de la Policía Vial cámaras de solapa

El gobernador Javier Corral encabezó la entrega de 400 cámaras de video de solapa a igual número de agentes de la Policía Vial, que forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con inversión de 2 millones de pesos.

En su mensaje, el mandatario señaló que la entrega de estas cámaras se suma a las acciones de profesionalización y mejoramiento de las condiciones laborales de los agentes estatales y además, es una medida que contribuye a inhibir posibles actos de corrupción al transparentar los procedimientos y el actuar de las y los oficiales.

En evento realizado en la Plaza del Ángel de la capital del estado, dijo que se busca dignificar la labor de los agentes y que ello impacte también en un factor tan importante como es la a confianza de los chihuahuenses.

Indicó que con esta herramienta, se podrá proteger tanto a los oficiales como a la ciudadanía, al documentar en todo momento su interacción.

“Para el Gobierno del Estado la lucha anticorrupción es un compromiso irrenunciable y hemos puesto todo nuestro empeño para que esta se replique en todos los ámbitos de nuestra administración, pues será uno de nuestros más importantes legados”, expresó.

Agregó que acciones como ésta entusiasman al Ejecutivo estatal, porque coadyuvan a legitimar la tarea policial, contribuyen a la legitimidad de las acciones de una de las instituciones fundamentales para el fortalecimiento del estado de derecho.

“Si queremos tener buenos resultados y consolidar nuestro modelo de seguridad pública, uno de los pasos esenciales es trabajar en la dignificación del trabajo de todas y todos aquellos que con enorme compromiso, con responsabilidad y honestidad, se esmeran por brindarnos protección y eso pasa necesariamente por brindarles las herramientas para su desempeño”, explicó.

Javier Corral precisó que su administración se ha invertido casi 122 millones de pesos en armamento, equipo táctico, uniformes, vehículos y radiocomunicaciones.

Expuso que ello fue posible por la convicción de ejercer el presupuesto de manera responsable y honesta, ya que siempre se procura la eficiencia y eficacia en el gasto público, lo que genera importante ahorros que se utilizan precisamente para mejorar las capacidades y el desempeño de los cuerpos de seguridad.

“Estas cámaras ofrecen ventajas notables porque además de facilitar el combate a la corrupción, permiten que la evidencia se maneje en imparcialidad y objetividad, lo cual coadyuva en la eficacia de las vinculaciones a proceso”, detalló.

El gobernador indicó que las cámaras también serán una gran fuente de información para prevenir y actuar de mejor manera en el combate a la delincuencia, algo esencial para avanzar en una de las problemáticas más lacerantes del país y del estado, como lo es la inseguridad.

En el evento se entregaron cámaras de solapa para 400 oficiales con inversión de más de 2 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), producto de un notable esfuerzo de optimización, toda vez que el techo presupuestal de este proyecto era de 3 millones 320 mil pesos.

“Para Chihuahua es vital contar con una policía confiable, con claridad en sus funciones, formada, capacitada y equipada adecuadamente, que incorpore a sus actividades los desarrollos tecnológicos que permitan un gran progreso en sus tareas, y además es importante que esta sea cercana con los gobiernos locales y con la ciudadanía, pues solo de esta manera vamos a poder conquistar la paz y la seguridad para las y los chihuahuenses”, puntualizó.

Finalmente, reiteró su agradecimiento por la vocación con la que se entregan a su tarea y conminó a los agentes a que se conduzcan con rectitud por el bienestar de la ciudadanía.

A su vez, el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, señaló que con estas cámaras se dota de herramientas a los policías viales para tener una atención más eficiente, con miras a la consecución de una mayor paz, seguridad y justicia en la entidad.

“Para este fin, la tecnología se vuelve muy importante, aliada a la garantía de un mejor servicio y un mejor ejercicio de las actividades de las y los agentes”, agregó.

Afirmó que también abona a la transparencia al documentar las actuaciones y de cada situación que se presente con los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, en un compromiso inalienable con la legalidad.

“Las imágenes que proyectan estas cámaras ayudarán a que los policías viales tengan más seguridad en sus funciones, tanto en el día como en la noche, además de brindar más seguridad a la población”, indicó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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