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Partidos políticos deberán revisar y actualizar sus padrones de afiliados durante 2019

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la obligación de proteger y velar por el respeto de los derechos político-electorales de la ciudadanía, como el de libre afiliación (y, en su caso, baja del padrón) a cualquier partido político nacional.

Con más de 19 mil denuncias por indebida afiliación, el Consejo General estimó que la imposición de sanciones económicas ha sido insuficiente para inhibir esta conducta, mientras que los partidos políticos nacionales (PPN) han reconocido la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones para tener la certeza de que cuentan con las respectivas cédulas de afiliación de cada militante.

El proyecto aprobado ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los partidos políticos nacionales, del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020.

Al respecto, la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, señaló que con este procedimiento se busca garantizar plenamente el ejercicio del derecho de afiliación de la ciudadanía, de quienes militan o no en los distintos partidos políticos.

“Con este procedimiento debemos lograr que para el mes de enero de 2020 solamente aparezcan en los padrones de militantes de los partidos políticos, aquellas personas que en realidad hayan solicitado su afiliación y respecto de los cuales se cuente con el documento que demuestre esa misma afiliación”, dijo.

Asimismo, añadió la Consejera Favela, el procedimiento también cuida que la ciudadanía no sea excluida indebidamente de los padrones de los partidos políticos.

Por su parte, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, refirió que el procedimiento de revisión aprobado permitirá a la autoridad electoral ejercer su función de control y de vigilancia, para evitar cualquier tipo de abuso en la adscripción y en la exclusión de ciudadanas y ciudadanos, en sus padrones de militantes.

Además de permitir a los propios partidos políticos contar con herramientas tecnológicas, que les permitan saber con precisión, puntualidad y oportunidad, cuáles son los movimientos que en sus padrones de militantes ocurren, por la voluntad libre de las y los ciudadanos en ejercicio de su derecho de afiliación y desafiliación.

El procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los partidos consta de cuatro etapas que deberán realizarse a la brevedad posible: aviso de actualización; revisión de la documentación soporte de la totalidad de las y los afiliados; ratificación de la voluntad de la militancia; y consolidación de padrones.

En primer lugar, los partidos deberán hacer del conocimiento público que dará inicio un período de revisión y actualización de su padrón de militantes a través de sus páginas de Internet y medios formales de publicidad establecidos en su normativa interna.

Posteriormente, los partidos políticos nacionales deberán dar de baja en forma definitiva a las y los ciudadanos que hayan presentado queja por indebida afiliación y respecto de los cuales no cuenten con el documento que acredite la afiliación, o cuando la queja se interponga porque no se haya tramitado la renuncia correspondiente, a más tardar el 31 de marzo de 2019.

Asimismo, deberán revisar cada registro y verificar que tengan la documentación soporte que acredite la afiliación de cada ciudadana y ciudadano que tengan en su padrón de militantes.

En caso de encontrar afiliaciones que no cuenten con la cédula de afiliación o documentación soporte, los partidos políticos deberán realizar un procedimiento de ratificación de militancia a efecto de tener certeza respecto de la voluntad de la o el ciudadano y contar con la documentación que lo avale de manera fehaciente, a más tardar el 31 de diciembre de 2019.

La debida afiliación de las personas militantes de los PPN puede ser acreditada, entre otros, con los documentos siguientes para su plena identificación:

? Cédula de afiliación.
? Pago de cuotas (registro correspondiente).
? Documento en el que conste la designación o actuación de la persona como dirigente del PPN, en caso de que se prevea en los Estatutos del PPN que se requiere estar afiliado para poder ejercer dicho cargo.
? Documento de postulación de candidaturas internas o de elección popular, en caso de que se prevea en los Estatutos del PPN que se requiere estar afiliado para ser candidata o candidato.

Finalmente, los partidos realizarán los ajustes finales a los padrones, para que solamente contengan los nombres de las personas respecto de las cuales se cuente con el documento que avale la afiliación o ratificación de la misma, así como la identidad de las y los ciudadanos, con los publicados en la página de Internet del INE. Esta etapa deberá concluirse a más tardar el 21 de enero de 2020.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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