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Pena de muerte, castigo que enfrentaría Soldado por matanza en Afganistán

Kabul • El sargento del ejército estadounidense Robert Bales fue acusado el viernes de 17 cargos de homicidio premeditado, castigados con la pena capital, por la matanza de civiles afganos, dijo el mando militar estadounidense.

El sargento de 38 años es acusado de abandonar sin permiso una base militar estadounidense armado con pistola reglamentaria, calibre 9 milímetros y un fusil automático M-4, que tenía además un dispositivo lanzagranadas, antes del amanecer del 11 de marzo, y de matar a nueve niños afganos y a ocho adultos, así como de quemar algunos de sus cadáveres.

Fue el peor caso de una matanza de civiles cometido presuntamente por un militar estadounidense y perjudicó de forma notable las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán, que atraviesan un momento crítico en 10 años de guerra.

No está claro el motivo de la matanza, pero el caso ha devuelto a la actualidad nacional el debate sobre la salud mental de los combatientes y los cuidados que reciben, ya que han sufrido índices récord de suicidios y una elevada incidencia de estrés post traumático y lesiones cerebrales durante sus repetidos destinos de combate en Irak y Afganistán.

Otros seis afganos — un hombre, una mujer y cuatro niños — fueron heridos en el distrito de Panjuai de la provincia de Kandahar, la cuna del Talibán. Bales fue acusado además de seis cargos de homicidio frustrado y otros seis de agresión física en esos casos, según el coronel Gary Kolb, vocero de las fuerzas estadounidenses en Afganistán.

Bales, padre de dos menores, fue oficialmente informado el viernes de las 29 acusaciones en el reclusorio militar de Fort Leavenworth, en Kansas, donde se encuentra confinado.
Su abogado civil, John Henry Browne, dijo el viernes que en su opinión al gobierno le será difícil demostrar su caso y que el estado mental de su cliente será un tema importante.

Bales realizaba su cuarto turno expedicionario, tres de ellos en Irak, donde fue herido en la cabeza y un pie.

La decisión de acusarle de homicidio premeditado sugiere que la fiscalía sostendrá que cometió a sabiendas el delito.

De ser convicto, el sargento podría ser condenado a muerte, dijo Kolb. La pena más leve sería cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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