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México

Peña Nieto promulga ley para inclusión de autistas

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que los derechos y necesidades fundamentales de las personas con la condición del espectro autista estarán garantizados por los tres órdenes de gobierno con la ley general que hoy promulgó.

Peña Nieto dijo que en México uno de cada 300 niños vive en esa condición y cada año hay más de 6 mil nuevos casos.

Dijo que esta situación limita el desarrollo de sus capacidades y la falta de atención, integración e inclusión a la sociedad genera una gran pérdida al país, pues dijo que son «mexicanos que tienen mucho que aportar a la sociedad».

El Presidente consideró que con esta ley «México es ahora uno de los pocos países en el mundo con una legislación para lograr la inclusión social de las personas con autismo».

Peña Nieto reconoció al Congreso de la Unión donde «todos los legisladores votaron a favor de este ordenamiento de vanguardia».

Explicó que con la ley se busca garantizar el goce efectivo de los derechos humanos a personas con esta condición.

Con la ley, dijo, se promueven políticas pública en los tres órdenes de gobierno para cumplir con este propósito.

También se creará una Comisión Intersecretarial que estará presidida por la Secretaría de Salud e integrada por otras secretarías de la federación para «promover la cooperación entre los diversos órdenes de gobierno y alentar la participación de los sectores social y privado».

La ley garantiza que toda persona con autismo tenga un diagnostico certero y reciba las terapias que requieran.

Promueve un mecanismo de detección oportuna en las estancias infantiles, escuelas o clínicas.

Se refuerza la capacitación del personal del sector salud y se expone que esta condición forma parte del catalogo de servicios que debe brindar el Seguro Popular.

La ley plantea que las personas en condición del espectro autista tienen derecho a recibir educación de calidad.

El Presidente dijo que la ley «incluye elementos para facilitar la incorporación a escuelas de educación regular donde los maestros reconozcan y sepan atender sus necesidades».

La ley también reconoce la capacidad para trabajar de las personas con esta condición.

«Reafirma que las personas con autismo tienen derecho a participar en la vida productiva. Ordena programas de orientación y capacitación adecuados para empleos sin discriminación ni prejuicios y con una justa remuneración», dijo.

Fuente: Milenio

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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