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Periodista chileno denuncia detención ilegal por militares; le pidieron un iPhone de fianza

Nicolás Ríos, periodista chileno, denunció haber sido detenido de manera ilegal por ocho militares, policías y marinos armados mientras caminaba por Playa del Carmen, Quintana Roo.

Ríos narró que el viernes 29 de diciembre a las 11:30 de la noche se dirigía junto con otro compañero, también de nacionalidad chilena, hacia un bar en donde se reuniría con otras personas.

“La zona era bastante oscura, y yo le comenté a mi compañero que parecía peligroso, pero me dijo que él ya conocía la zona y que no me preocupara, luego, un grupo prendió unas linternas, eran tres militares con armas largas, dos policías municipales y otros que no tengo la certeza si eran estatales o federales”.

Los elementos de seguridad se acercaron a ellos y comenzaron a cuestionarles qué era lo que hacían en la zona y los revisaron. “A mi compañero le encontraron mariguana, era poca, ni siquiera un gramo, y yo no traía nada. Pero también me acusaron de traer droga. Me dijeron tú estabas con él y los vamos a procesar por narcotráfico”, contó a Animal Político.

“Nos cuestionaron que a quién le estábamos vendiendo la droga, a quién se la comprábamos. Nos decían vamos a hablar a sus embajadas para pedir su expulsión del país, si ustedes tienen visa de EU vamos a pedir que se las revoquen. Nos empezaron a meter miedo”.

Minutos después uno de los policías se llevó a Nicolás Ríos lejos del grupo para hacerle una propuesta. “Mira, nosotros te podemos ayudar si tú nos ayudas y me dio a entender que le teníamos que pagar. El grupo entero de militares y policías me alumbraron con sus linternas mientras les habría mi cartera y les mostraba todo el dinero que tenía”.

Ríos llevaba dos mil pesos y para dejarlos libre le exigían cinco mil pesos por persona. Al decirles que no tenían se los llevaron detenidos.

“Me llevaron a una celda de la estación de policía. Nunca me leyeron derechos ni pude hacer una llamada. Y otra vez me preguntaron cuánta plata tenía”, narró.

El otro chileno solo tenía 50 pesos y su celular, un iPhone 7. Al final el smartphone fue la fianza que les permitió salir a los dos el sábado a las 6 de la mañana. Es decir, estuvieron detenidos por siete horas.

“La evidencia pasó por seis manos, se la metían al bolsillo, la abrían, la mostraban entre ellos, de verdad que pasó por mínimo seis personas. Así no puede ser el trato con los turistas. Me plantaron evidencia y nos terminaron cobrando un celular para dejarnos libres”.

En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que están haciendo contacto con el periodista para iniciar con la investigación correspondiente.

Nicolás Ríos confirmó que la Secretaría sí se puso en contacto con él, igual que la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y este sábado por la tarde acudirá a poner una denuncia.

“Me dijeron que ya hay una investigación abierta así que iré a declarar. Yo vivo y estudio en Nueva York y solo vine de vacaciones, ya había vivido en México y estudiado en la UNAM, amo mucho México, pero esta sí fue una experiencia muy mala. Estaré en el país hasta el 4 de enero y espero que haya un avance con las investigaciones”, declaró.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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