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Permitió administración de Felipe Calderón convenio para permitir espionaje de EU

El gobierno de Felipe Calderón avaló en febrero de 2007 que el Departamento de Estado Estadunidense instalara en México un sistema de intercepción de comunicaciones que permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios de internet como chat, correo electrónico y voz sobre IP.

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El gobierno de Felipe Calderón avaló en febrero de 2007 que el Departamento de Estado Estadunidense instalara en México un sistema de intercepción de comunicaciones que permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios de internet como chat, correo electrónico y voz sobre IP.

El contrato S-INLEC-06-R-4042 establece que la firma Verint Systems vendió equipo de espionaje al gobierno estadunidense con un valor de tres millones de dólares, el cual llegó a nuestro país a través de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de apoyar el combate al narcotráfico en el contexto de la Iniciativa Mérida.

Ello implica que el gobierno estadunidense tiene acceso a la información que provea este sistema en México.

Según se señala en el contrato, el equipo permite interceptar llamadas de destino de redes de Telmex, Telcel (TDMA y GSM), Nextel (iDEIM/GSM), Telefónica, Unefon, Iusacell (CDMA y TDMA), VoIP de Cisco Systems, paquete de datos de Prodigy, así como de otros prestadores de servicios de internet, y almacena hasta 25 mil horas. Tiene la capacidad de recoger, monitorear y registrar 60 llamadas simultáneas y mapearlas en segundos a nivel de calle, gracias al software MapInfo.

Para ver la investigación completa da clic aquí.

Fuente: Grupo Imagen.

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México

Hacienda asegura que ajuste al IEPS no elevará el precio de las gasolinas

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Energía, aseguró que la actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no provocará incrementos en el precio final de los combustibles a partir del 1 de enero. Las dependencias federales señalaron que el ajuste anual por inflación, previsto en la ley, será absorbido sin afectar a los consumidores, por lo que se mantendrá la estabilidad en las estaciones de servicio del país.

De acuerdo con la información oficial, esta decisión se sustenta en la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, vigente desde marzo de este año. El esquema contempla un acuerdo voluntario con empresarios del sector para establecer un tope máximo de 24 pesos por litro en la gasolina regular, conocida como magna o de menor a 91 octanos. El objetivo es evitar que las variaciones en los mercados internacionales de hidrocarburos impacten en la economía de las familias.

Las autoridades indicaron que el compromiso se mantendrá pese a la actualización del IEPS, por lo que el precio en bomba no deberá registrar cambios significativos al inicio de 2026. La administración federal subrayó que este mecanismo forma parte de una política para preservar la estabilidad económica y contener presiones inflacionarias en los energéticos.

En las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación se establece que el impuesto para la gasolina magna será de 6.70 pesos por litro, mientras que para la gasolina premium se fijó en 5.65 pesos y para el diésel en 7.36 pesos por litro. Hacienda precisó que estos montos responden únicamente a un ajuste técnico por inflación y no modifican los términos del acuerdo con los distribuidores de combustibles.

El gobierno federal informó que dará seguimiento puntual a los precios finales para verificar que se respete el tope acordado en las estaciones de servicio. Con ello, se busca despejar dudas sobre posibles aumentos al cierre de año y garantizar que el ajuste fiscal no se traduzca en un alza para los consumidores. Asimismo, se reiteró que cualquier cobro que supere los límites establecidos puede ser reportado ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

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