México
Permitió administración de Felipe Calderón convenio para permitir espionaje de EU
El gobierno de Felipe Calderón avaló en febrero de 2007 que el Departamento de Estado Estadunidense instalara en México un sistema de intercepción de comunicaciones que permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios de internet como chat, correo electrónico y voz sobre IP.
El gobierno de Felipe Calderón avaló en febrero de 2007 que el Departamento de Estado Estadunidense instalara en México un sistema de intercepción de comunicaciones que permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios de internet como chat, correo electrónico y voz sobre IP.
El contrato S-INLEC-06-R-4042 establece que la firma Verint Systems vendió equipo de espionaje al gobierno estadunidense con un valor de tres millones de dólares, el cual llegó a nuestro país a través de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de apoyar el combate al narcotráfico en el contexto de la Iniciativa Mérida.
Ello implica que el gobierno estadunidense tiene acceso a la información que provea este sistema en México.
Según se señala en el contrato, el equipo permite interceptar llamadas de destino de redes de Telmex, Telcel (TDMA y GSM), Nextel (iDEIM/GSM), Telefónica, Unefon, Iusacell (CDMA y TDMA), VoIP de Cisco Systems, paquete de datos de Prodigy, así como de otros prestadores de servicios de internet, y almacena hasta 25 mil horas. Tiene la capacidad de recoger, monitorear y registrar 60 llamadas simultáneas y mapearlas en segundos a nivel de calle, gracias al software MapInfo.
Para ver la investigación completa da clic aquí.
Fuente: Grupo Imagen.
México
FGR asegura que indagatoria contra Ernesto Ruffo tiene pruebas contundentes
La Fiscalía General de la República (FGR) ha declarado que la indagatoria en contra de Ernesto Ruffo Appel cuenta con “datos de prueba contundentes”. Entre estos se incluyen dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información que sugieren su participación activa en la conducción y toma de decisiones de la empresa Ingemar, donde se desempeñaba como accionista y secretario del Consejo de Administración.
La FGR, bajo la dirección de Ernestina Godoy Ramos, ha indicado que los trabajos realizados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) han permitido identificar una red de contrabando de combustible. Esta red utilizaba ferrotanques para llevar a cabo sus operaciones a través de Ingemar, una empresa vinculada a servicios portuarios y dragados. La FGR ha señalado que esta empresa mostró un comportamiento fiscal incongruente, registrando movimientos millonarios en cuentas nacionales que no se alinean con su perfil fiscal.
A pesar de que Ruffo ha recibido el beneficio de prisión domiciliaria, la FGR ha aclarado que el proceso penal en su contra sigue su curso ante la autoridad judicial competente. Esta autoridad será la encargada de determinar, con base en los datos de prueba presentados durante el proceso, las acciones legales que correspondan. La situación de Ruffo ha generado atención mediática, dada su relevancia en el ámbito político y empresarial, lo que añade un nivel de complejidad a la indagatoria en curso.
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