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Sigue los asesinatos y hostigamiento contra los defensores de derechos humanos

Durante la presentación –en una teleconferencia– desde Ginebra de laGuía para la protección de los defensores de derechos humanos, elaborada por la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Margaret Sekaggya, la funcionaria aseveró que en América Latina persisten asesinatos, agresiones, hostigamiento, amenazas y estigmatización por parte de autoridades y agentes no estatales contra quienes promueven la defensa de las libertades fundamentales, y esto incluye altísimos niveles de impunidad.

La relatora subrayó que esto es absolutamente inaceptable y debe detenerse de tal manera que podamos garantizar la seguridad de las y los defensores. El precio que pagan por realizar su trabajo es demasiado alto.

Algunas de las categorías más vulnerables, dijo, son los defensores de derechos humanos, de derechos indígenas, pero también campesinos, abogados, líderes sindicales y grupos gays.

La funcionaria de la ONU se manifestó particularmente preocupada por la seguridad tanto física como sicológica de las y los defensores en la región, y especialmente de las mujeres, por el riesgo debido a violaciones y exclusiones de que son objeto”.

En el acto, realizado en las oficinas de la ONU en México, también se recibió un mensaje grabado del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, quien agradeció el esfuerzo conjunto de las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de México, Guatemala y Colombia.

Por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asistió el secretario ejecutivo, Gerardo Gil Valdivia, quien reseñó el Informe sobre la situación de defensores de derechos humanos 2011, presentado a la opinión pública en julio de ese año ante la alta comisionada en la materia, Navi Pillay.

Gil Valdivia señaló que de 2005 a 2011 las quejas por agravios a activistas se incrementaron más de ciento por ciento.

La relatora Sekaggia escuchó a través de la teleconferencia las denuncias de algunos defensores, entre ellos Emilio Álvarez Icaza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien denunció los asesinatos de Pedro Leyva Domínguez, Nepomuceno Moreno y José Trinidad de la Cruz, todos defensores que luchaban por encontrar justicia.

También se mencionó el secuestro de los líderes ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, el arresto de Bettina Cruz, hace dos semanas, y los atentados contra Norma Andrade y las amenazas a su hija Malú García Andrade.

Agnieszka Raczynska, de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, dijo que el Estado mexicano ha fallado en la protección a los defensores; nosotros hemos tenido que asumir nuestra defensa ante la incapacidad oficial de protegernos de amenazas y agresiones.

Al encuentro no asistió la titular de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López.

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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