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Sigue los asesinatos y hostigamiento contra los defensores de derechos humanos

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Durante la presentación –en una teleconferencia– desde Ginebra de laGuía para la protección de los defensores de derechos humanos, elaborada por la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Margaret Sekaggya, la funcionaria aseveró que en América Latina persisten asesinatos, agresiones, hostigamiento, amenazas y estigmatización por parte de autoridades y agentes no estatales contra quienes promueven la defensa de las libertades fundamentales, y esto incluye altísimos niveles de impunidad.

La relatora subrayó que esto es absolutamente inaceptable y debe detenerse de tal manera que podamos garantizar la seguridad de las y los defensores. El precio que pagan por realizar su trabajo es demasiado alto.

Algunas de las categorías más vulnerables, dijo, son los defensores de derechos humanos, de derechos indígenas, pero también campesinos, abogados, líderes sindicales y grupos gays.

La funcionaria de la ONU se manifestó particularmente preocupada por la seguridad tanto física como sicológica de las y los defensores en la región, y especialmente de las mujeres, por el riesgo debido a violaciones y exclusiones de que son objeto”.

En el acto, realizado en las oficinas de la ONU en México, también se recibió un mensaje grabado del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, quien agradeció el esfuerzo conjunto de las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de México, Guatemala y Colombia.

Por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asistió el secretario ejecutivo, Gerardo Gil Valdivia, quien reseñó el Informe sobre la situación de defensores de derechos humanos 2011, presentado a la opinión pública en julio de ese año ante la alta comisionada en la materia, Navi Pillay.

Gil Valdivia señaló que de 2005 a 2011 las quejas por agravios a activistas se incrementaron más de ciento por ciento.

La relatora Sekaggia escuchó a través de la teleconferencia las denuncias de algunos defensores, entre ellos Emilio Álvarez Icaza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien denunció los asesinatos de Pedro Leyva Domínguez, Nepomuceno Moreno y José Trinidad de la Cruz, todos defensores que luchaban por encontrar justicia.

También se mencionó el secuestro de los líderes ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, el arresto de Bettina Cruz, hace dos semanas, y los atentados contra Norma Andrade y las amenazas a su hija Malú García Andrade.

Agnieszka Raczynska, de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, dijo que el Estado mexicano ha fallado en la protección a los defensores; nosotros hemos tenido que asumir nuestra defensa ante la incapacidad oficial de protegernos de amenazas y agresiones.

Al encuentro no asistió la titular de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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