Con pancartas, alegría y determinación, un grupo de personas con discapacidad se manifestó este viernes frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua para exigir el cumplimiento de un amparo que obliga al Estado a otorgar una pensión universal a adultos con discapacidad de entre 30 y 64 años. La movilización, encabezada por la Asociación de Personas con Discapacidad en Chihuahua A.C., se llevó a cabo en la Puerta Libertad, donde los manifestantes entregaron un documento dirigido a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Laura Lorena Fuentes, representante de la asociación, fue quien entregó el escrito a nombre de quienes, tras una batalla legal de más de dos meses, lograron que el Juzgado Segundo de Distrito emitiera una resolución favorable a nivel nacional. El fallo judicial obliga al Gobierno del Estado de Chihuahua a implementar el pago de una pensión bimestral de 3,200 pesos para personas con discapacidad en el rango de edad señalado.

Aunque la resolución fue emitida hace una semana, la oficina de la gobernadora aún no ha dado respuesta, lo que motivó la movilización pacífica de este jueves. “Estamos aquí para exigir que se cumpla la ley. La Constitución nos reconoce este derecho, y la gobernadora no puede simplemente ignorarlo”, expresó Fuentes durante el acto.

Los manifestantes insistieron en que no se trata de una dádiva, sino de una prestación social respaldada por la Carta Magna y avalada ahora por una sentencia judicial. La exigencia principal es que se inicie de inmediato la implementación de la pensión y se asignen los recursos necesarios para cumplir con esta obligación.

“El gobierno debe encontrar el presupuesto. No es una opción, es una orden judicial y un mandato constitucional”, subrayó la dirigente.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica pero con firmeza, como un llamado directo al Ejecutivo estatal para que actúe con celeridad. Para muchos de los presentes, esta pensión representa no solo un ingreso económico indispensable, sino también un reconocimiento de su dignidad y derechos como ciudadanos.

Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento oficial del Gobierno del Estado en torno a los pasos que seguirá tras el fallo del juzgado. Las personas con discapacidad han advertido que mantendrán la exigencia en los días siguientes si no obtienen una respuesta formal y favorable por parte de la administración de Maru Campos.