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Opinión

Petróleo, poder y una vecindad incómoda. Por Caleb Ordóñez T.

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Durante años, Nicolás Maduro fue para México (y para buena parte del continente) un problema ajeno, distante, encapsulado en el discurso ideológico y en la tragedia humanitaria. Venezuela era “el otro”, el ejemplo extremo. Hoy ya no. Hoy Venezuela volvió al centro del tablero regional y, querámoslo o no, sus movimientos impactan directamente a México, a nuestra economía energética y a nuestra relación con Estados Unidos.

Tras la caída política y operativa de Maduro, emerge una figura que muchos subestimaron durante años: Delcy Rodríguez. Inteligente, dura, formada y con un instinto de supervivencia política notable, Delcy no gobierna desde la épica revolucionaria sino desde la urgencia. Su presidencia no es el resultado de una transición democrática ejemplar, sino de una implosión del poder chavista y de una presión internacional inédita.

Y aquí aparece el actor que realmente ordena la escena: Donald Trump.

Trump, Delcy y una relación que nadie imaginó; pero todos entienden.

La relación entre Trump y Delcy Rodríguez es, por decirlo suavemente, antinatural. Durante años ella fue sancionada, vetada y exhibida como parte del núcleo duro del chavismo. Hoy, sin embargo, se ha convertido en la interlocutora necesaria. No porque haya afinidad ideológica, sino porque el petróleo manda.

Trump no está interesado en “democratizar” Venezuela por convicción moral. Está interesado en controlar flujos energéticos, estabilizar precios, reducir dependencias incómodas y, de paso, enviar un mensaje interno de fuerza. Delcy lo sabe. Y no puede jugar con eso.

Venezuela necesita oxígeno económico; Estados Unidos necesita petróleo confiable y bajo control. El resultado es una relación áspera, vigilada, pero funcional. Nadie se abraza. Nadie confía. Pero todos negocian.

Aquí es donde México entra de lleno en la historia sufriendo un golpe silencio.

Cuando Estados Unidos decide colocar millones de barriles de petróleo venezolano en el mercado —bajo esquemas controlados y políticamente diseñados— no solo mueve a Caracas y Washington. Mueve al Golfo de México, mueve refinerías, contratos, márgenes y estrategias.

Para Pemex, esto no es una nota internacional: es una variable directa de negocio.

Más petróleo pesado en el mercado significa:

• Mayor presión sobre precios.

• Competencia directa en ciertos nichos de refinación.

• Ajustes en los márgenes de ganancia.

• Reconfiguración de flujos en la región.

Pemex ya opera con una carga financiera enorme, con refinerías que aún buscan estabilidad y con un modelo que depende mucho más de la política que del mercado. Si Estados Unidos refina petróleo venezolano y luego lo redistribuye, México puede terminar comprando derivados a precios más competitivos, pero también perdiendo mucho espacio estratégico.

Es una paradoja peligrosa: gasolina más barata a corto plazo, pero menor autonomía energética a mediano plazo.

Claudia Sheinbaum: la intermediaria.

En este escenario aparece una figura clave para México: la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum no heredó una relación fácil -para nada- con Trump. Nadie lo hubiera podido lograr. Pero tampoco llegó con el discurso de confrontación que muchos temían. Su papel ha sido —hasta ahora— el de intermediaria racional, no ideológica, entre Washington y América Latina.

México no puede darse el lujo de romper con Estados Unidos por este tema, pero tampoco puede asumir un rol sumiso frente a decisiones que impactan su economía. Sheinbaum lo sabe y por eso ha optado por una diplomacia silenciosa, técnica, enfocada en estabilidad.

Su interlocución con Trump no busca protagonismo mediático; busca evitar sobresaltos. Que el petróleo venezolano no se convierta en un factor de desestabilización regional. Que Pemex no quede atrapado entre decisiones ajenas. Que México siga siendo un actor confiable y no un espectador pasivo.

Nada de esto ocurre en el vacío. Trump no actúa solo como presidente; actúa como candidato permanente. En noviembre se juegan las elecciones del Congreso estadounidense y su margen de maniobra depende de llegar fortalecido.

Para Trump, Venezuela cumple varias funciones:

1. Demuestra control internacional.

2. Refuerza su narrativa de “orden” y “liderazgo”.

3. Le permite hablar de energía, precios y seguridad.

4. Le da resultados tangibles para vender al electorado.

Pero el margen es estrecho. Si la estrategia se percibe como desordenada, intervencionista o caótica, puede volverse en su contra. Un Congreso hostil limitaría su política exterior, abriría investigaciones y desdibujaría acuerdos frágiles como el venezolano.

Por eso Trump necesita “planchar” la situación: petróleo fluyendo, Delcy controlada, región estable. Sin sobresaltos. Sin imágenes incómodas.

El petróleo vuelve a recordarnos una vieja lección: en América Latina, la ideología pasa, pero la geopolítica se queda. Y entenderla —con datos, sin consignas ideológicas— es más urgente que nunca.

Opinión

Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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