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México

Petroleros de todo el país se organizan para derrocar a Romero Deschamps

Petroleros de todo el país se reunieron hoy en Salina Cruz, Oaxaca, para continuar con la lucha contra Carlos Romero Deschamps, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y usado con frecuencia como símbolo de la corrupción en México.

Entre los puntos que debatieron los adheridos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se encuentra la convocatoria a elecciones seccionales, en las que se aplique “voto libre secreto y directo”. El objetivo está en derrocar a Romero Deschamps.

También se exigió que Enrique Peña Nieto, Presidente de México, “cese de inmediato el ilegal respaldo al grupo que encabeza Deschamps, tanto desde la estructura de Pemex como desde la dirección general de registro de asociaciones de la Secretaría del Trabajo”.

Romero Deschamps lleva casi tres décadas al frente el sindicato petrolero sin ser votado.

Ayer, integrantes del STPRM se concentraron afuera de la casa de transición, en la colonia Roma, en Ciudad de México, y pidieron lo mismo: que Romero Deschamps se vaya.

El equipo de López Obrador recibió un planteamiento para garantizar la autonomía de los sindicatos. Los petroleros dijeron que buscan que se logre alcanzar la democracia en todos los sindicatos de México.

Los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa cuya producción ha ido en picada, ya no quieren a Romero Deschamps como su líder sindical. A la par del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPTM) de 36 secciones en el país, han formado diversos grupos de petroleros disidentes con el objetivo de recuperar la industria petrolera, como lo ha prometido el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Le exigen, antes de que huya del país, el encarcelamiento del Senador priista denunciado penalmente por “enriquecimiento ilícito” y otros presuntos delitos como el Pemexgate, así como un proceso democrático dentro del sindicato.

En julio, SinEmbargo informó que sólo por cuatro conceptos y según los pocos datos que él mismo ha deseado compartir, el Senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha recibido en su cuenta del sindicato unos mil 400 millones de pesos sin que nadie, absolutamente nadie, lo cuestione o le pida la más mínima factura de gasto.

Fuente: Sin Embargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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