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México

PGR admite que detenido no es hijo de “El Chapo” Guzmán

La Procuraduría General de la República (PGR) admitió la noche de este viernes que el joven que presentó en la víspera con gran revuelo como un presunto hijo del poderoso capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán en realidad es otra persona.

La PGR dijo en un comunicado que el detenido es Félix Beltrán León, de 23 años, y no Jesús Alfredo “El Gordo” Guzmán Salazar, quien es buscado por las autoridades de Estados Unidos por tráfico de cocaína.

Beltrán fue arrestado el jueves junto con otro joven de 19 añosen un operativo de la Marina a las afueras de la ciudad de Guadalajara en el que además se encontraron rifles de asalto, pistolas, granadas y 160,000 dólares en efectivo.

Ambos detenidos fueron trasladados el jueves por la tarde a la Ciudad de México y presentados ante los medios de comunicación, y a Beltrán León se lo señaló como hijo de “El Chapo” Guzmán.

Pese al revés por el error de identidad, la PGR dijo que los detenidos seguirán bajo arresto por los presuntos delitos de delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El viernes al mediodía, la abogada y la madre de Beltrán ofrecieron una rueda de prensa para aclarar que el joven se dedica a la venta autos y que no tiene parentesco con Guzmán.

“Existe una confusión total de personas”, dijo Verónica Guerrero, abogada de Beltrán.

Periódicos locales y el corresponsal en Washington de la cadena Televisa reportaron que según fuentes en la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) Beltrán sería un secuaz del hijo de “El Chapo”.

La abogada de Beltrán no quiso hacer comentarios sobre las armas e insistió en la inocencia de su cliente.

El jueves, ante la noticia de la presunta captura de “El Gordo” Guzmán, la DEA elogió al gobierno del presidente Felipe Calderón, quien desde finales del 2006 lanzó una campaña militar contra los cárteles de la droga.

A pesar de logros importantes, como la captura y abatimiento de varios capos y la confiscación de cifras récord de drogas y dinero, la violencia de los cárteles en México no ha disminuido, cobrando la vida de 55,000 personas en casi seis años.

“El Chapo” Guzmán, el hombre más buscado del país y cabecilla del poderoso cártel de Sinaloa, tiene docenas de acusaciones por narcotráfico en varios tribunales de Estados Unidos, y existe una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.

En enero del 2001, “El Chapo” Guzmán se fugó de una cárcel de máxima seguridad del país, oculto en un carrito de lavandería, y desde entonces ha logrado evadir a las autoridades.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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