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Policiaca

PGR arranca bases de datos para búsqueda de desaparecidos

A dos años del inicio de su implementación, este lunes la Procuraduría General de la República (PGR) puso en operación el Sistema de Base de Datos Ante Mortem/ Post Mortem (AM/PM), como parte del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El sistema informático para la integración de esta base de datos fue donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), luego de la firma de un Convenio de Colaboración celebrado con la PGR, para la búsqueda de personas desaparecidas e información de personas fallecidas sin identificar.

Este convenio se firmó en septiembre de 2013, cuando la dependencia todavía era dirigida por Jesús Murillo Karam, con autoridades del organismo internacional.

La dependencia informó, en un comunicado, que el Sistema de Base de Datos Ante Mortem/ Post Mortem (AM/PM) es una herramienta informática y de investigación que permitirá gestionar y sistematizar la información sobre personas desaparecidas y restos humanos.

La estructura del sistema también le permite a los investigadores establecer las circunstancias de la desaparición de la víctima y, en su caso, los lugares de los hallazgos de los restos.

En un comunicado, la PGR informó que ahora se trabaja en la capacitación del personal encargado de operar la base de datos AM/PM.

Además se realizan las actualizaciones necesarias para atender los requerimientos técnicos de la plataforma digital, con el objetivo de que el software opere en todas las delegaciones de la PGR en las entidades federativas.

La dependencia agregó que también se han articulado acciones de adecuación y homologación de formatos, para integrar todas las bases de datos nacionales con datos forenses en el ámbito federal.

Desde mayo de 2013 la PGR inició los trabajos para atender el fenómeno de personas desaparecidas, que al inicio de la presente administración fueron calculadas en aproximadamente 26 mil casos.

De manera inicial se creó la Unidad para la Búsqueda de Desaparecidos, el 26 de mayo de ese año, la que quedó a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la dependencia.

Cuatro meses después se firmó el convenio con la Cruz Roja Internacional, con el objetivo de obtener el software de la Base de Datos AM/PM, que ha utilizado para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

El pasado 19 de agosto del presente año entraron en operación en todas las procuradurías y fiscalías del país los protocolos homologados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada de persona, así como para la búsqueda de desaparecidos.

Y de manera más reciente, el 19 de octubre se creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la PGR, también dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, la que heredó aproximadamente 800 expedientes abiertos, de la Unidad Especializada.

Fuente Excélsior

Chihuahua

Sentencia de 50 años a maestro y cómplices por secuestro de Camila

Sentencia Condenatoria por Secuestro de Menor en Chihuahua

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos dictó sentencia condenatoria contra tres implicados en el secuestro de una adolescente, ocurrido el 8 de noviembre de 2022, en la calle Bahía de San Quintín, Chihuahua.

Hechos Comprobados

  • José Luis A. Z. y Armando M. O., armados con un cuchillo, privaron de la libertad a la menor, subiéndola por la fuerza a un vehículo Ford Figo 2019.
  • Durante un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la víctima fue rescatada sana y salva.
  • Eric Ricardo R. S., profesor de la menor, fue señalado como el autor intelectual del secuestro al idear el plan para exigir un rescate.

Sentencia y Reparación del Daño

  • Los tres acusados fueron encontrados responsables tras la presentación de pruebas, incluidas imágenes de cámaras de seguridad.
  • Además de la condena en prisión, deberán pagar 101 mil pesos como reparación del daño.

Este caso destaca la coordinación entre las autoridades y el sistema de justicia para garantizar la seguridad de las víctimas y castigar actos de violencia en la comunidad.

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