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México

PGR detiene a un recién liberado por el Heaven

La Procuraduría General de Justicia del DF dejó en libertad bajo las reservas de ley a Armando Hernández Gómez, El Ostión, y dos sobrinos, por no encontrar elementos de prueba que los vincularan con la sustracción de 12 personas del bar Heaven el pasado 26 de mayo.

Sin embargo, por la noche fue detenido por elementos de la PGR y declaró en la SEIDO.

El juez 29 del Reclusorio Sur notificó la libertad de El Ostión, Fernando Gamboa Camarillo y José Luis Hernández Huitrón.

De acuerdo con la dependencia capitalina, durante el cumplimiento de esta medida cautelar el Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestro tomó testimonios de personas relacionadas con los hechos, así como con familiares de las personas desaparecidas.

Entre éstas se encuentra la declaración ministerial de Brayan Enrique Torres Razo, probable partícipe en el asesinato de un narcomenudista en el bar Black de la Condesa, pero no llevó a cabo imputación contra de Hernández Gómez, supuesto segundo hombre más importante de la banda Unión de Tepito.

Según las pesquisas, El Ostión es hermano de Francisco Hernández Gómez, Pancho Cayagua, principal líder de Unión de Tepito, banda antagónica de Unión de Insurgentes o Condesa, que en represalia por lo ocurrido en el Black ordenó el operativo para llevarse a las 12 personas.

La PGJDF solo tiene arraigado a Ernesto Espinosa Lobo, presunto propietario del Heaven, quien en los próximos días será consignado al penal de Santa Martha.

Este sujeto promovió un nuevo amparo contra las órdenes de arraigo y aprehensión libradas en su contra, pues alegó que se violaron sus derechos humanos.

La juez primero de distrito de amparo en materia penal en el DF, Sandra Leticia Robledo, admitió la demanda de garantías.

En listas judiciales se pudo constatar que la defensa de Espinosa Lobo argumentó que su cliente fue detenido ilegalmente, lo que contra el artículo 22 constitucional, además de que permaneció incomunicado.

En tanto, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, informó que Tepito se incluirá en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia, que incluye a las 57 demarcaciones con más delitos.

Jovenes Tepito

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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