La Procuraduría General de Justicia del DF dejó en libertad bajo las reservas de ley a Armando Hernández Gómez, El Ostión, y dos sobrinos, por no encontrar elementos de prueba que los vincularan con la sustracción de 12 personas del bar Heaven el pasado 26 de mayo.

Sin embargo, por la noche fue detenido por elementos de la PGR y declaró en la SEIDO.

El juez 29 del Reclusorio Sur notificó la libertad de El Ostión, Fernando Gamboa Camarillo y José Luis Hernández Huitrón.

De acuerdo con la dependencia capitalina, durante el cumplimiento de esta medida cautelar el Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestro tomó testimonios de personas relacionadas con los hechos, así como con familiares de las personas desaparecidas.

Entre éstas se encuentra la declaración ministerial de Brayan Enrique Torres Razo, probable partícipe en el asesinato de un narcomenudista en el bar Black de la Condesa, pero no llevó a cabo imputación contra de Hernández Gómez, supuesto segundo hombre más importante de la banda Unión de Tepito.

Según las pesquisas, El Ostión es hermano de Francisco Hernández Gómez, Pancho Cayagua, principal líder de Unión de Tepito, banda antagónica de Unión de Insurgentes o Condesa, que en represalia por lo ocurrido en el Black ordenó el operativo para llevarse a las 12 personas.

La PGJDF solo tiene arraigado a Ernesto Espinosa Lobo, presunto propietario del Heaven, quien en los próximos días será consignado al penal de Santa Martha.

Este sujeto promovió un nuevo amparo contra las órdenes de arraigo y aprehensión libradas en su contra, pues alegó que se violaron sus derechos humanos.

La juez primero de distrito de amparo en materia penal en el DF, Sandra Leticia Robledo, admitió la demanda de garantías.

En listas judiciales se pudo constatar que la defensa de Espinosa Lobo argumentó que su cliente fue detenido ilegalmente, lo que contra el artículo 22 constitucional, además de que permaneció incomunicado.

En tanto, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, informó que Tepito se incluirá en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia, que incluye a las 57 demarcaciones con más delitos.