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México

PGR ofrece un millón 500 mil pesos para localizar a 13 personas

La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece hasta un millón 500 mil pesos a quienes den informes que lleven a la localización de otras 13 personas desaparecidas, así como de sus captores.

En el Diario Oficial de la Federación, la dependencia publicó cinco acuerdos más por los que se entregará esa suma a quienes proporcionen información veraz y útil que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización de cada una de las personas desaparecidas.

De los cinco acuerdos, cuatro son para dar con el paradero de José Rodolfo López Cruz, Gerardo Palacios Díaz, Francisco Roiz Pinzón y Juan González Hernández.

Mientras que el otro es para localizar a Eduardo Toyota Espinoza, Marcelino Leal Moreno, Víctor Romero Perea, Ricardo Peña Mejía, Julio César Ochoa Romo, Constantino García Jiménez, Carlos Peña Mejía, Roberto Gutiérrez Medina y José Hugo Camacho Fierro.

La dependencia también ofrece hasta un millón y medio de pesos por la información que lleve a la identificación, localización, detención o aprehensión de los probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y los que resulten.

Mencionó que esta recompensa no será aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como de sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.

La información será recibida en las oficinas ubicadas en la calle de López número 12, piso 3, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; en los teléfonos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensión 4748, en la capital, y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del país, y en el correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx.

Además la PGR, publicó un aviso para dar a conocer el domicilio de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la dependencia, encargada de la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, en agravio de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», con sede en Ayotzinapa, Guerrero.

Ésta se ubica en Avenida Paseo de la Reforma, número 211, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en la Ciudad de México, en funciones desde el 6 de noviembre del año dos mil quince.

Publimetro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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