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México

PGR por capturar a 30 implicados en caso Ayotzinapa

El gobierno de México informó este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá, Colombia, que tiene pruebas sobre los móviles por los que 43 estudiantes normalistas desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero, pero aclaró que por el momento se abstendrá de difundirlas al público, aunque confió en que este año concluirá las investigaciones.

En el 167 periodo de sesiones de la CIDH, el fiscal Alfredo Higuera Bernal, a cargo del caso en la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que “en las últimas semanas” llegó información “importante” sobre elementos esenciales que se mantendrán en secreto.

Identificar el móvil es “sin duda la raíz del problema, así como lo que pueden aportar los elementos para establecer quiénes intervinieron”, subrayó al confirmar que “se cuenta con datos específicos que pueden dar certidumbre a por qué los jóvenes fueron acometidos”.

En un comunicado conjunto emitido en México por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como por la PGR, se informó que las investigaciones concluirán este año.

Insistió en que el gobierno ha obtenido información importante en las últimas semanas para la identificación del móvil de los hechos, la cual daría cuenta del nivel de involucramiento de una organización criminal y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva.

A una pregunta de Mario González, padre de César González, una de las víctimas, contestó que “la meta es saber todo lo que ocurrió” y encontrar a los desaparecidos.

Los padres acusaron de cinismo a las autoridades por “evadir su responsabilidad y pretender desgastar a los familiares” de los 43. El gobierno anunció que está en proceso de capturar a 30 presuntos implicados.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, señaló que durante 2017, el gobierno mexicano llevó el caso con lentitud, debido a que del cronograma de diligencias, que considera cumplir 11 puntos de investigación en un lapso de julio a octubre del año pasado, “ninguno de los puntos se ha cumplido, al contrario, 80% del cronograma permanece incumplido”.

Seguridad
En otra audiencia este viernes en la CIDH, el gobierno mexicano alegó que la Ley de Seguridad Interior, emitida en diciembre de 2017 por el Congreso, surgió por “la amenaza real” del narcotráfico y del crimen organizado, y garantizó que no criminalizará la protesta.

Grupos no gubernamentales replicaron que con mayor presencia militar tampoco se reducirán la violencia y la inseguridad en México.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, aclaró que la ley todavía no es aplicada porque se espera un pronunciamiento de la Corte y aseguró que a los cuerpos militares y policiales se les inculcan “normas de uso debido y proporcionado de la fuerza“, así como de respeto a los derechos humanos.

La inseguridad se agravó por la venta de armas sin control en el sector de Estados Unidos de la frontera con México y hay un “tráfico brutal de armas” al lado mexicano, dijo.

Ernesto López Portillo, del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática y del bloque de 28 grupos no estatales que llevó el tema de la ley a la Comisión Interamericana, alegó que la inseguridad creció en México pese a que desde 2016 la seguridad pública fue militarizada.- José Meléndez y Pedro Villa y Caña

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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