La Procuraduría General de la República (PGR) le respondió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre su alerta por los “múltiples” casos de desapariciones forzadas en el país, y señaló que las recomendaciones que ha recibido del grupo de trabajo de este organismo son hechos que el gobierno mexicano está tratando de subsanar y que, en muchos casos, ha asumido la reparación del daño.

Como ejemplo, destacó, a través de un comunicado, el caso del señalamiento de desapariciones forzadas en la década de los 70 y 80; la Secretaría de Gobernación, en cumplimiento a la recomendación 26/01 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —en la que encontró evidencia sobre 275 casos y detenciones arbitrarias— estableció un programa administrativo de reparación del daño, para brindar atención a las víctimas y familiares que fueron acreditadas en la misma.

La PGR señaló que concentra sus esfuerzos institucionales en acreditar el cuerpo del delito, y la probable responsabilidad de quienes se ven involucrados en los hechos.

Reiteró que el gobierno federal trabaja en la construcción de una base de datos de personas no localizadas, en cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en colaboración con las entidades federativas, y en consistencia con las recomendaciones del grupo de trabajo, así como de la CNDH y de organizaciones de la sociedad civil.

La PGR le respondió también a la ONU que recientemente en nuestro país se aprobó  la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que tiene como objeto tener una base de datos que permita la coordinación entre la Federación y  los estados.

La dependencia federal indicó que el Estado mexicano ha realizado esfuerzos institucionales para prevenir las desapariciones forzadas, como el de un nuevo modelo policial, mediante el cual se ha impulsado la modernización y el fortalecimiento de la Policía Federal.

La PGR citó el caso del activista Rosendo Radilla como muestra de que ha atendido y reparado el daño de aquellos que han sufrido a alguna pérdida por desaparición forzada

“Muestra de ello son las acciones para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco, en donde el agente del Ministerio Público de la Federación ha practicado diversas diligencias, como la excavación para la búsqueda efectiva y localización del señor Radilla.”

Mandato

La Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada a manos de militares del activista Rosendo Radilla:

El 17 de noviembre pasado, horas antes de que Alejandro Poiré fuera nombrado secretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, que era el encargado del despacho, dijo que Rosendo Radilla Pacheco fue una víctima de un “mal gobierno”; se ofreció una disculpa a la familia, y se develó una placa en su honor en Guerrero.

El 6 de marzo, la Segob ofreció una disculpa a Inés Fernández, mujer que fue violada diez años antes por militares.

El titular de la dependencia, Alejandro Poiré reconoció los agravios a sus garantías individuales.  “Le ofrezco sentidas y sinceras disculpas por los hechos ocurridos hace una década”, dijo.

Proponen escoltas para activistas y periodistas

Reubicación temporal, escoltas, entrega de equipo de comunicación, instalación de cámaras, uso de chalecos antibalas y autos blindados son algunas de las medidas de protección de las cuales deben gozar los activistas en la defensa de derechos humanos y periodistas, cuando sientan que su integridad está en riesgo.

Así lo plantea la iniciativa para crear la primera Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que coordina a las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, con la PGR, para evitar lesiones y acosos a estos grupos considerados vulnerables.

“Desafortunadamente se han convertido en grupo vulnerables los defensores de derechos humanos y periodistas”, destacó desde la tribuna el panista Rubén Camarillo, quien en su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Organizaciones No Gubernamentales fue el coordinador de la discusión con organizaciones civiles para construir esta propuesta.

La iniciativa presentada ayer destaca que las agresiones a los defensores de derechos humanos y periodistas “se configurarán cuando por acción u omisión o en aquiescencia se dañe la integridad física, sicológica, moral o económica” de estos grupos.

Pero también a “cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las personas defensoras de derechos humanos o periodistas.”

Precisa que en caso de que la persona que solicite el apoyo declare que su vida está en peligro, las autoridades federales deberán emitir, en un máximo de nueve horas, las medidas de protección, que incluirán, entre otras, la asignación de una escolta y protección de inmuebles.

Así tendrán derecho a medidas preventivas; medidas de protección y medidas urgentes de protección, de acuerdo con el estudio de evaluación de riesgos y el de acción inmediata, que elaborará la junta de gobierno, integrada por Segob, SSP, SRE, PGR y CNDH.