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México

Pide diputada auditoria al programa “Jóvenes construyendo el futuro”

La Presidente de la Comisión de Juventud y Niñez Marisela Terrazas, dio a conocer que desde enero de este año dio comenzó el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, donde tiene el objetivo de atender a 2.3 millones de jóvenes entre los 18 y 21 años, que no estudian ni trabajan y es coordinado y operado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, por medio del cual, se vincula a todos ellos hacia centros de trabajo para que reciban capacitación y tutoría, dándoles a cambio una beca de 3 mil 600 pesos mensuales.

La Legisladora del PAN, informó que este programa presenta irregularidades desde el arranque y también en su estructura, tanto en el padrón de beneficiarios que fueron registrados, como en los centros de trabajo que se presume los emplea, porque la información de la Secretaria del Trabajo está incompleta e inverificable.

Todo esto dice Terrazas, es porque presenta estadísticas que son completamente improbables. Ante esta situación se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, para que realice una auditoría a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en relación al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
De acuerdo a la información, es que no representa lo proyectado, porque se tiene un subejercicio de 10 mil 502 millones de pesos, debido a que se tenía programado un presupuesto de 16 mil 747 millones para el primer semestre de este año, y la dependencia en este proceder solo gastó 6 mil 244 millones de pesos, lo que representa un gasto menor a lo programado en un 63%.
El programa dejó a miles de jóvenes fuera, porque el registro cerró sin lograr la meta prevista, además de no haber agotado su presupuesto. Esta auditoria es precisamente porque el Presidente de México, mencionó que este programa había cerrado por haber alcanzado el objetivo, cuando la solicitud de la beca la hicieron solo 900 mil personas y la meta según el programa es de 2.3 millones de personas.

A pesar de que Chihuahua, es uno de los Estados con mayor número de jóvenes que no estudian ni trabajan, estando en el lugar 14 a nivel nacional, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, sólo registró un total de 9 547 personas vinculadas.

Por otro lado, en la página oficial de la STyPS, se puede observar que el padrón sobre los Centros de Trabajo sólo muestra nombres genéricos de empresas, como “Abarrotes María”; categorías inverificables, como “Diputado Federal”; o nombres propios imposibles de rastrear, como “Guadalupe”. Todo esto sin existir documentos o transparencia y sin control de datos. Por lo que varias empresas que se registran podrían llegar a ser empresas fantasmas sólo para contratar a los jóvenes y desviar los recursos de la beca.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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