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México

Pide la CNDH indagar cada caso de tortura

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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló la necesidad de investigar y sancionar cada caso de tortura en México, y pidió al gobierno federal acatar las recomendaciones de organismos internacionales, concretamente las de Naciones Unidas (ONU) relacionadas con la tortura.

“Más allá del grado de incidencia o de lo extendido que se encuentre el fenómeno de la tortura en México, es indispensable garantizar que cada caso de tortura sea investigado y sancionado”, precisó durante una gira de trabajo por el estado de Nuevo León. La declaración del ombudsman nacional se da en medio de la polémica desatada luego de que el relator especial de la ONU en materia de tortura, Juan Méndez, señaló que esa práctica es generalizada en el país y la mayor parte de los casos quedan impunes.

El pasado 10 de marzo, al presentar su informe anual de actividades en el marco de la sesión regular 28 del Consejo de Derechos Humanos, Méndez indicó que la tortura ocurre desde la detención hasta que la persona es puesta a disposición de los agentes del Ministerio Público y se usa con fines de castigo o como parte de las investigaciones.

En respuesta al diagnóstico, el embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, dijo que el gobierno mexicano estaba en desacuerdo con el hecho de que se utilizara el término “generalizada” porque “no refleja la realidad”.

El tema generó un diferendo entre el relator de la ONU y el gobierno mexicano, que ayer finalmente quedó zanjado.
El presidente de la CNDH subrayó este martes que “la tortura es inadmisible, es indignante y representa un serio retroceso”.

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México

México y Estados Unidos refuerzan cooperación contra tráfico de armas y robo de combustible

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México y Estados Unidos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información en materia de tráfico de armas, así como fortalecer la cooperación para combatir el robo de combustible y otros delitos transnacionales, tras la segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México-Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el encuentro se realizó el pasado 11 de diciembre como parte del seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, mecanismo acordado por ambos países para atender de manera coordinada temas prioritarios en materia de seguridad. En la reunión participaron el encargado de despacho de la cancillería mexicana, Roberto Velasco, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, junto con funcionarios de ambos gobiernos.

Durante la sesión se revisaron los avances alcanzados desde la reunión previa celebrada en McAllen, Texas, donde se había puesto énfasis en el combate al tráfico de armas. En esta ocasión, además, se analizaron desafíos emergentes para la seguridad regional, particularmente el uso de drones por parte de organizaciones criminales.

Como parte de los acuerdos, ambas naciones determinaron dar continuidad a las acciones de incautación de armamento y municiones, así como reforzar el intercambio de información para identificar y desarticular redes dedicadas al tráfico ilegal de armas. También se estableció fortalecer la cooperación en materia de extradiciones y las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, con el objetivo de maximizar el impacto de las acciones coordinadas antes de la próxima reunión, prevista para enero de 2026.

La SRE precisó que durante el encuentro se reiteró que la cooperación bilateral en seguridad se rige por los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial de ambos países, bajo un enfoque de responsabilidad compartida y sin subordinación. Indicó que el intercambio de información, la coordinación operativa y el diálogo permanente deben traducirse en mejores condiciones de seguridad para las poblaciones de México y Estados Unidos.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que, como parte de esta cooperación, se han emprendido acciones contra instituciones financieras y personas involucradas en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y precursores químicos. Asimismo, informó que ambos países se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar cárteles y grupos delictivos, interrumpir fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar amenazas emergentes, incluido el uso de drones en la frontera.

Las autoridades de ambos países confirmaron que continuarán los trabajos bilaterales y que el diálogo en materia de seguridad se mantendrá de forma permanente.

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