México
Pide la CNDH indagar cada caso de tortura
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló la necesidad de investigar y sancionar cada caso de tortura en México, y pidió al gobierno federal acatar las recomendaciones de organismos internacionales, concretamente las de Naciones Unidas (ONU) relacionadas con la tortura.
“Más allá del grado de incidencia o de lo extendido que se encuentre el fenómeno de la tortura en México, es indispensable garantizar que cada caso de tortura sea investigado y sancionado”, precisó durante una gira de trabajo por el estado de Nuevo León. La declaración del ombudsman nacional se da en medio de la polémica desatada luego de que el relator especial de la ONU en materia de tortura, Juan Méndez, señaló que esa práctica es generalizada en el país y la mayor parte de los casos quedan impunes.
El pasado 10 de marzo, al presentar su informe anual de actividades en el marco de la sesión regular 28 del Consejo de Derechos Humanos, Méndez indicó que la tortura ocurre desde la detención hasta que la persona es puesta a disposición de los agentes del Ministerio Público y se usa con fines de castigo o como parte de las investigaciones.
En respuesta al diagnóstico, el embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, dijo que el gobierno mexicano estaba en desacuerdo con el hecho de que se utilizara el término “generalizada” porque “no refleja la realidad”.
El tema generó un diferendo entre el relator de la ONU y el gobierno mexicano, que ayer finalmente quedó zanjado.
El presidente de la CNDH subrayó este martes que “la tortura es inadmisible, es indignante y representa un serio retroceso”.
México
Sheinbaum descarta pruebas contra Maru Campos en caso Jáuregui
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía General de la República no posee pruebas que involucren directamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, en el caso relacionado con el exfiscal César Jáuregui Moreno. La declaración se dio durante una conferencia de prensa en respuesta a una pregunta del periodista Manuel Pedrero sobre la posible implicación de la gobernadora en las investigaciones que surgieron tras el operativo realizado en El Pinal y la posterior detención de Jáuregui.
Sheinbaum recordó que la primera imputación contra Jáuregui fue solicitada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que pidió una orden de aprehensión por delitos del fuero común relacionados con el operativo. “No tienen, hasta donde yo sé, y si no que lo aclare la fiscal, alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora”, indicó la mandataria.
La presidenta subrayó que corresponde a las fiscalías aclarar el alcance de las investigaciones y determinar responsabilidades, especialmente en relación con los señalamientos sobre la participación de personas extranjeras en el operativo de abril. Además, mencionó que la Fiscalía General de la República abrió una causa federal contra Jáuregui por hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria, vinculados a la presunta intervención de extranjeros sin autorización en territorio nacional.
Sheinbaum evitó adelantar responsabilidades adicionales y reiteró que son las autoridades ministeriales las encargadas de presentar los elementos que sustenten cada acusación. Sin embargo, reveló que existen otras investigaciones abiertas contra el exfiscal por asuntos distintos al caso de El Pinal, aunque no proporcionó detalles sobre los posibles delitos investigados.
“Lo que sí sé es que siguen las investigaciones sobre otros temas relacionados con el fiscal o el exfiscal que hoy está detenido”, afirmó. Ante la pregunta de si estas nuevas indagatorias también correspondían al delito de traición a la patria, Sheinbaum aclaró que se trata de otros posibles delitos, pero no pudo revelar información adicional, señalando que corresponde a la Fiscalía hacerlo cuando legalmente proceda.
El posicionamiento de la presidenta se produce en un contexto en el que Jáuregui enfrenta procedimientos distintos en los fueros estatal y federal. Las investigaciones y acusaciones abiertas no implican por sí mismas una declaración de culpabilidad, por lo que su responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes.
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