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Opinión

Pide Murillo prisión domiciliaria

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El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte canceló anoche una audiencia en la que un juez de control iba a resolver si concedía a Jesús Murillo Karam llevar fuera de la cárcel su proceso por el Caso Ayotzinapa, debido a sus diversos problemas de salud.
 
La diligencia estaba programada el miércoles a las 19:00 horas, pero por la tarde su abogada Elba Marina Vázquez pidió reprogramarla porque no habían reunido todos los documentos médicos con los que justificaría su solicitud de cambio de medida cautelar.
 
«No obstante, en aras de que la defensora particular pueda allegarse de los datos de prueba que refiere, así como para optimizar los recursos humanos y materiales destinados para el desahogo de las audiencias programadas en esta sede judicial, velando así por la operatividad del Centro de Justicia, se determina dejar sin efectos la diligencia de referencia», se lee en el acuerdo suscrito esta tarde por Pedro Serret Hernández, administrador del centro de justicia.
 
«En la inteligencia que, se deja a salvo el derecho de solicitarla nuevamente en el momento que estime oportuno, aprovechando así la programación de audiencias en otros asuntos, lo cual permite desahogar la carga de trabajo del recinto judicial».
 
Según documentos judiciales, la defensa de Murillo Karam presentó ayer su solicitud para modificarle la prisión preventiva justificada e imponerle otra medida cautelar como la prisión domiciliaria, a la luz de su actual estado de salud.
 
Debido a que Murillo Karam está internado en el área de terapia intensiva del Instituto Nacional de Cardiología, tras una operación de una arteria carótida, esta diligencia originalmente fue programada por videoconferencia y sin la comparecencia remota del ex Procurador.
 
«Por ende, se deja a salvo el derecho de la defensa para alegar lo que a su representación convenga ante el Juez de Control en la propia audiencia, sin que sea el caso ordenar el traslado del imputado ni ordenar su comparecencia vía remota, pues se desconoce si ello podría poner en riesgo su salud», se establece en el citatorio original suscrito ayer por Serret.
 
Desde su internamiento en el Reclusorio Norte, el pasado 19 de agosto, Murillo Karam ha sido excarcelado en cinco ocasiones para distintos estudios médicos y recibir atención especializada, por sus padecimientos de enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), hipertensión y la obstrucción vascular cerebral.
 
El jueves de la semana pasada fue operado en el Instituto de Cardiología de una arteria carótida, tras presentar signos de dislipidemia o altos índices de colesterol y triglicéridos, y a principios de esta semana los médicos valoraban una segunda operación del mismo tipo.
 
El extitular de la otrora PGR está procesado por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, supuestamente cometidos durante la investigación del Caso Ayotzinapa.

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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