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Piden a FEPADE acelerar investigaciones por delitos electorales en Veracruz

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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, demandó que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), acelerar las investigaciones en torno a las denuncias presentadas en la pasada contienda electoral, en especial las relativas a las votaciones en Veracruz.

El acuerdo avalado el pasado miércoles 29 de junio, durante la sesión de la Comisión Permanente, agrega que es necesario aclarar el uso irregular que se hizo del programa Prospera en Veracruz, y en el cual se involucra a un ex delegado federal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Los diputados y senadores integrantes de la Permanente, recordaron que en mayo pasado, se divulgó la conversación entre el diputado del Congreso de Veracruz, Raúl Zarrabal, con el delegado de Prospera en el estado, Alejandro Iván Baquedano, en la que ambas personas hablan de condicionar la entrega de apoyos a la población en pobreza, a cambio de votos.

Tal situación llevó a los congresistas federales a exigir que la FEPADE investigue el supuesto desvío de recursos públicos en que se involucra al delegado de Prospera, anomalía que de comprobarse, violaría los principios de certeza, imparcialidad, dependencia, legalidad y objetividad de los procesos electorales.

Recordaron que la ley establece que los funcionarios de todos los niveles de gobierno, están obligados a utilizar de manera adecuada los recursos y programas públicos a su alcance, sin afectar la equidad de los comicios.

Puntualizaron que la Ley General en materia de Delitos Electorales, prevé sanciones de

260 a 520 días de multa y cárcel de siete y hasta por 11 años con ocho meses, a quien utilice programas sociales para condicionar el voto a favor de candidatos, partidos o coaliciones.

Expusieron que el Programa Prospera, cuenta con delegados en cada uno de los estados, con 232 unidades de atención regional y es un órgano desconcentrado de Sedesol, de modo que esa dependencia debe colaborar con las indagatorias, para aclarar el uso político electoral del instrumento referido en Veracruz y fincar las responsabilidades correspondientes.

MVS

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Marzo será el mes de las mujeres en el Estado de Chihuahua

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Las mujeres han sido clave en el desarrollo social, cultural, económico y político del Estado, pero continúan enfrentando desigualdad, discriminación y violencia que restringen el pleno ejercicio de sus derechos, por ello, el Congreso del Estado declaró el mes de marzo como “Mes de las Mujeres”, acto que representa una acción afirmativa que busca fortalecer la participación social e institucional en torno a los derechos humanos de las mujeres.

Fue la diputada Irlanda Márquez Nolasco presidente de la Comisión de Igualdad dio lectura al dictamen correspondiente, en el cual se detalla que la ONU ha establecido como objetivo número 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, por ello la necesidad de fortalecer las acciones necesarias.

El 8 de marzo de cada año, es reconocido a nivel mundial como el Día Internacional de la Mujer, fue en el año de 1975 establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como una fecha conmemorativa para reconocer su igualdad, justicia y participación plena en la sociedad, a esta conmemoración se unen las mujeres de todos los continentes; por ello, Chihuahua refuerza las acciones con la declaratoria, a fin de convertir al mes citado, en un periodo dedicado a acercar la historia, la cultura y las diversas realidades de las mujeres a la sociedad.

Es importante destacar que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará; así como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen la responsabilidad del Estado para impulsar políticas públicas, acciones de capacitación y programas de sensibilización dirigidos a eliminar la violencia y garantizar la igualdad sustantiva.

Cabe destacar que la iniciativa que dio origen a esta declaratoria, fue presentada por la diputada América Aguilar Gil.

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