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México

Piden al Gobierno esclarecer masacre de 2010 y proteger a migrantes

Desde entonces, “las autoridades continúan sin cumplir su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad las personas migrantes a su paso por México”.

MÉXICO (EFE).- Amnistía Internacional (AI) señaló hoy que la justicia sigue pendiente en el caso de la matanza de 72 migrantes perpetrada hace 4 años en el estado mexicano de Tamaulipas e hizo un “urgente y enérgico llamado” a esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los indocumentados.

La organización defensora de los derechos humanos recordó que 72 migrantes de América Central y del Sur fueron asesinados el 22 de agosto de 2010 por miembros del crimen organizado “con la aparente colusión de policías locales” en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Desde entonces, “las autoridades continúan sin cumplir su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad las personas migrantes a su paso por México”.

La verdad detrás de la masacre no ha sido esclarecida ni los responsables respondido ante la justicia, mientras la identificación de todos los restos también sigue pendiente, pues aún quedan 11 cuerpos sin reconocer.

A los pocos días de haber sido encontrados los cadáveres, “el Gobierno federal anunció que pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros de migrantes”, subrayó AI.

No obstante, entre abril y mayo de 2011 se volvieron a hallar 193 cadáveres en 47 fosas clandestinas en San Fernando, entre los que había cuerpos de migrantes mexicanos y de otros países, “pero tampoco se siguieron procedimientos adecuados ni se han esclarecido los hechos, y hay más de 150 cuerpos sin identificar”.

“La falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido grave”, apuntó Amnistía, y recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en diciembre pasado una recomendación en relación a la matanza de San Fernando.

La CNDH pide garantizar los derechos de los migrantes, pero “no califica los hechos como violaciones graves a derechos humanos, no ofrece una explicación sobre lo ocurrido, no toma en cuenta a las víctimas ni a sus familiares, ni otorga una reparación integral del daño”, lamentó.

También citó el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que expresa preocupación por la falta de asistencia del Estado mexicano a los familiares de migrantes desaparecidos, y de una metodología adecuada para la identificación de cadáveres.

Por ello, AI hizo un llamado “urgente y enérgico” a las autoridades federales y estatales cumplan las “recomendaciones de la CIDH” y esclarezcan los hechos ocurridos en San Fernando, otorgando una reparación integral a las personas que fueron víctimas”.

En tanto, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México ordenó a la fiscalía hacer públicos los documentos sobre la detención de 16 policías municipales de San Fernando relacionados con la muerte de los 72 migrantes.

Al responder a una solicitud de información de un particular, la fiscalía argumentó que ésta se encontraba reservada por 12 años por formar parte de una investigación.

Sin embargo, al analizar el caso, el IFAI revocó dicha respuesta porque se trata de información relacionada con violaciones graves de derechos humanos y existe el interés de la sociedad de conocer las diligencias realizadas para la sanción de los responsables.

Yucatan.com.mx

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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