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México

Piden aplicar «castración química» para violadores en EdoMex

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Las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Legislatura del Estado de México propusieron reformar el Código Penal de la entidad para aplicar “castración química” a los violadores.

En conferencia de prensa, aclararon que dicha sanción sería “opcional”, ya que aunque también se propone elevar la pena de 10 a 30 años, que actualmente va de 5 a 15 años.

De acuerdo con el artículo 274 bis, el reo puede solicitar al juez purgar la primera mitad de la pena de prisión y someterse a las penas de castración química y tratamiento por el tiempo restante de la condena.

La “castración química” consiste en inyectar un fármaco elaborado a base de hormonas sintéticas —como la depo provera—, que disminuye la intensidad y frecuencia del deseo sexual, evita la erección y la eyaculación.

Las legisladoras Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza, Elena Lino Velázquez y Cristina Ruiz Sandoval coincidieron en que debe haber un castigo ejemplar contra los delincuentes que cometen delitos sexuales.

Las diputadas pidieron considerar que en el país suman 450 mil violaciones anuales, de las cuales 90 por ciento son cometidas por varones.

“Con esta propuesta se pretende hacer una combinación de instrumentos y mecanismos legales para responder con severidad a la exigencia de reducir las violaciones y castigarlas con todo el peso de la ley.”

En otros países en los que se aplica esta sanción, los índices en este delito reportan una disminución de 70 por ciento, tal es el caso de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Dinamarca, Australia, España y Polonia.

Para avalar la propuesta, que después fue enviada a comisiones, se proponen reformas al artículo 56, que se refiere a la finalidad de la castración química, además de 273, que hace mención a la penalidad, que será de 10 a 30 años.

El artículo 274 menciona que “el reo puede solicitar purgar la mitad de la pena y someterse a castración química por el tiempo restante de la condena”.

La bancada del PRI mexiquense cuenta con cinco diputadas, y tres presentaron la propuesta, pues Flora Martha Angón Paz y María José Alcalá Izquerra tienen licencia temporal.

Hace un año en el Estado de México se aprobaron reformas al Código Penal donde se contempla imponer prisión vitalicia a quien cometa feminicidio, homicidio calificado y violación.

En el artículo 149 se apunta que si el delito fuera cometido por servidores públicos de las instituciones de seguridad pública o de administración de justicia, la pena aumentará hasta en una mitad más de la que le corresponda y el funcionario será destituido e inhabilitado por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta.

En el artículo 242, fracción dos, se establece que al responsable de un homicidio calificado se le impondrán de 40 a 70 años de prisión vitalicia y de 700 a cinco mil días de salario mínimo.

En tanto, el artículo 274, relacionado con la violación, fracción 4, apunta que cuando por razón del delito de violación causare la muerte, se impondrán de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de 700 a cinco mil días de salario mínimo.

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México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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