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Piden expulsar a PRI y PRD de la Internacional Socialista por traicionar sus principios

Grupos civiles pidieron al Consejo de la Internacional Socialista (IS), que agrupa a partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas del mundo, que expulse al PRI y al PRD por obstaculizar el derecho a decidir de las mujeres y los matrimonios de personas del mismo sexo, lo cual se contrapone a los principios progresistas de la IS.

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Grupos civiles pidieron al Consejo de la Internacional Socialista (IS), que agrupa a partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas del mundo, que expulse al PRI y al PRD por obstaculizar el derecho a decidir de las mujeres y los matrimonios de personas del mismo sexo, lo cual se contrapone a los principios progresistas de la IS.

Con motivo de la Conferencia del Consejo de la IS, que concluye este martes 1 de julio en esta capital, organizaciones civiles de los estados de Guerrero, Nuevo León y Oaxaca, entre otros, acusaron que diversos actores políticos del PRI y del PAN “legislan para criminalizar a las mujeres por ejercer sus derechos”.

Adriana Jiménez Patlán, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), dijo en entrevista que en el documento que se entregó al Consejo de la IS se hace notar que el PRI y el PRD –únicos integrantes en México del mecanismo– actúen con congruencia y asuman los principios progresistas y de izquierda, porque a la hora de legislar parecen “partidos de derecha”.

La activista comentó también que se le informó a la IS que el PRI asumió públicamente que, en alianza con el PAN, votará a favor de la iniciativa que busca “proteger la vida desde la fecundación” en el Congreso de Nuevo León.

Según la dirigente de la Red por los Derechos Sexuales, dicha legislación impulsada por el PAN atenta en realidad contra el derecho a decidir de las mujeres y las castiga por interrumpir su embarazo.

En el escrito que los grupos sociales entregaron a la dirección del IS también se acusa al PRD de no defender iniciativas como la que se presentó en el Congreso de Guerrero para despenalizar el aborto. La propuesta enviada por el gobernador Ángel Aguirre fue desechada por las comisiones unidas de Justicia, Salud y Equidad de Género del Congreso de Guerrero, a pesar de presididas por diputados perredistas.

Asimismo, critican la tibia postura asumida por ese mismo partido en lo que toca a las resoluciones de la Corte que validan los matrimonios gay en estados como en Oaxaca.

Adriana Jiménez acusó particularmente a la senadora priista Diva Gastélum, actual representante del Consejo de la IS de las Mujeres, por actuar con docilidad y excusarse con el argumento de la soberanía de las legislaturas, para no defender los derechos de las mujeres, igual que antes hizo Beatriz Paredes, actual embajadora de México en Brasil, y que la llevó a perder el reconocimiento del movimiento feminista.

De nada sirve, dijo, que PRI y PRD formen parte de este Consejo si en la práctica legislan bajo principios contrarios a la agenda socialdemócrata.

También recordó que las organizaciones civiles llevan más de un año debatiendo por el derecho a decidir en Guerrero sin que logren resultados, mientras que en Nuevo León los legisladores sesionaron en una noche y echaron a andar toda una maquinaria en contra de los derechos de las mujeres.

En declaraciones por separado, Antonio Nevérez Torres, dirigente de la Red Ciudadana de Diversidad Sexual, dijo que a McAllen, Texas –donde se permite la interrupción del embarazo–, la mayoría de las mujeres que se atienden son del municipio neoleonés de San Pedro Garza García; sin embargo, advirtió que no toda la población femenina del estado tiene la posibilidad de trasladarse hasta la frontera para abortar.

Respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo, representantes de la Alianza por la Diversidad Sexual de Oaxaca indicaron que las autoridades locales no apoyan a las personas con preferencias sexuales diversas.

Entre las organizaciones firmantes del documento entregado al Consejo de la IS están Ddeser, Red Ciudadana de Diversidad Sexual, Redefine México y DESyDe Nacional.

 

Dossier Político

 

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México

Poder Legislativo declara constitucional la reforma al Poder Judicial

Ciudad de México.- El Congreso de México declaró este viernes constitucional la reforma al Poder Judicial propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que busca la elección de jueces por el voto popular, y solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.

La declaratoria de constitucionalidad se anunció primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, en ambos casos en pocos minutos, con la aprobación de las ‘supermayorías’ oficialistas en ambas cámaras y el respaldo de 23 legislaturas locales de 32 estados.

“A efecto de dar cumplimiento al artículo 135 constitucional (…) y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia del Poder Judicial”, declaró el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, también diputado plurinominal de extracción morenista.

Ambos actos no contaron con la presencia de la oposición, tras la negativa a la reforma, que han calificado como un retroceso para la democracia y la independencia judicial, así como para el equilibrio de Poderes y la posible intromisión de “grupos de interés”.

Así lo anunciaron los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y MC en ambas Cámaras del Congreso, quienes expresaron que la acción de constitcuionalidad “es una fiesta” exclusiva del oficialismo, así como el “consumado atraco a la nación”.

La acción se da a la par de los intentos por trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y por lo menos mil 200 personas juzgadoras en el país por frenar esta reforma, recurriendo a instancias nacionales e internacionales.

Organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC); calificadoras como Fitch y Moody’s, así como el Gobierno estadounidense, han advertido repercusiones para México por esta reforma, incluidos paneles y arbitrajes en el marco de tratados comerciales como el T-MEC.

Este viernes un juez del estado de Colima ordenó una suspensión para frenar la promulgación de la citada reforma en el DOF, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de la reforma, anunció que sería oficializada el próximo domingo 15 de septiembre, cuando se conmemora el Día de la Independencia.

Más tarde, la senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló que dicho amparo es improcedente para impedir que la reforma publique en el DOF. “Se les olvida que contra reforma constitucionales no proceden impugnaciones”,, dijo Godoy.

Hasta ahora, la reforma judicial cuenta con más de los 17 votos por legislaturas locales que exige la Constitución mexicana para ser declarada constitucional y ser remitida al titular del Ejecutivo, López Obrador, para su oficialización y entrada en vigor.

Las legislaturas que dieron ya su aval son las de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la capital Ciudad de México. En tanto, ha sido rechazada en los congresos locales de Jalisco y Querétaro.

Una vez hecha la declaratoria de constitucionalidad por la Cámara de Diputados, se dará trámite al presidente López Obrador para su publicación oficial y posterior entrada en vigencia.

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