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Piden expulsar a PRI y PRD de la Internacional Socialista por traicionar sus principios

Grupos civiles pidieron al Consejo de la Internacional Socialista (IS), que agrupa a partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas del mundo, que expulse al PRI y al PRD por obstaculizar el derecho a decidir de las mujeres y los matrimonios de personas del mismo sexo, lo cual se contrapone a los principios progresistas de la IS.

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MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Grupos civiles pidieron al Consejo de la Internacional Socialista (IS), que agrupa a partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas del mundo, que expulse al PRI y al PRD por obstaculizar el derecho a decidir de las mujeres y los matrimonios de personas del mismo sexo, lo cual se contrapone a los principios progresistas de la IS.

Con motivo de la Conferencia del Consejo de la IS, que concluye este martes 1 de julio en esta capital, organizaciones civiles de los estados de Guerrero, Nuevo León y Oaxaca, entre otros, acusaron que diversos actores políticos del PRI y del PAN “legislan para criminalizar a las mujeres por ejercer sus derechos”.

Adriana Jiménez Patlán, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), dijo en entrevista que en el documento que se entregó al Consejo de la IS se hace notar que el PRI y el PRD –únicos integrantes en México del mecanismo– actúen con congruencia y asuman los principios progresistas y de izquierda, porque a la hora de legislar parecen “partidos de derecha”.

La activista comentó también que se le informó a la IS que el PRI asumió públicamente que, en alianza con el PAN, votará a favor de la iniciativa que busca “proteger la vida desde la fecundación” en el Congreso de Nuevo León.

Según la dirigente de la Red por los Derechos Sexuales, dicha legislación impulsada por el PAN atenta en realidad contra el derecho a decidir de las mujeres y las castiga por interrumpir su embarazo.

En el escrito que los grupos sociales entregaron a la dirección del IS también se acusa al PRD de no defender iniciativas como la que se presentó en el Congreso de Guerrero para despenalizar el aborto. La propuesta enviada por el gobernador Ángel Aguirre fue desechada por las comisiones unidas de Justicia, Salud y Equidad de Género del Congreso de Guerrero, a pesar de presididas por diputados perredistas.

Asimismo, critican la tibia postura asumida por ese mismo partido en lo que toca a las resoluciones de la Corte que validan los matrimonios gay en estados como en Oaxaca.

Adriana Jiménez acusó particularmente a la senadora priista Diva Gastélum, actual representante del Consejo de la IS de las Mujeres, por actuar con docilidad y excusarse con el argumento de la soberanía de las legislaturas, para no defender los derechos de las mujeres, igual que antes hizo Beatriz Paredes, actual embajadora de México en Brasil, y que la llevó a perder el reconocimiento del movimiento feminista.

De nada sirve, dijo, que PRI y PRD formen parte de este Consejo si en la práctica legislan bajo principios contrarios a la agenda socialdemócrata.

También recordó que las organizaciones civiles llevan más de un año debatiendo por el derecho a decidir en Guerrero sin que logren resultados, mientras que en Nuevo León los legisladores sesionaron en una noche y echaron a andar toda una maquinaria en contra de los derechos de las mujeres.

En declaraciones por separado, Antonio Nevérez Torres, dirigente de la Red Ciudadana de Diversidad Sexual, dijo que a McAllen, Texas –donde se permite la interrupción del embarazo–, la mayoría de las mujeres que se atienden son del municipio neoleonés de San Pedro Garza García; sin embargo, advirtió que no toda la población femenina del estado tiene la posibilidad de trasladarse hasta la frontera para abortar.

Respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo, representantes de la Alianza por la Diversidad Sexual de Oaxaca indicaron que las autoridades locales no apoyan a las personas con preferencias sexuales diversas.

Entre las organizaciones firmantes del documento entregado al Consejo de la IS están Ddeser, Red Ciudadana de Diversidad Sexual, Redefine México y DESyDe Nacional.

 

Dossier Político

 

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México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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