Senadores de diversas fuerzas políticas pidieron al gobierno estatal resuelva los asesinatos de los dirigentes de El Barzón Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurridos en esa entidad y aclare la problemática relacionada con el uso irracional del agua y la contaminación minera en la región.

Recordaron que el pasado 22 de octubre, fueron asesinados los dirigentes de El Barzón, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, defensores de derechos humanos económicos, sociales y ambientales del campo chihuahuense desde 1992.

Exhortaron al gobierno del estado de Chihuahua a que realice todas las averiguaciones, con la expedites y prontitud, que permitan esclarecer y detener a los autores intelectuales y materiales del o los asesinos de los dirigentes barzonistas, se garantice la seguridad de sus familias y de los dirigentes barzonistas de la región, así como cese con la campaña de desprestigio y linchamiento contra los defensores de los derechos humanos, económicos, sociales y ambientales de esa entidad.

Además pidieron se acuerde la instalación urgente de un grupo de trabajo de senadoras y senadores integrantes de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía con los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el titular del Ejecutivo del estado de Chihuahua o su representante, así como el titular de la Secretaría de Gobernación o su representante.

Este grupo tendrá entre sus funciones solicitar un informe a las instancias federales y estatales responsables sobre el sustento legal que permite la operación de perforaciones de nuevos pozos y obras de retención de agua en los afluentes de la cuenca hidrológica del Río del Carmen; las condiciones sociales y ambientales en esa zona hidrológica a partir del uso, presuntamente irregular de las aguas superficiales y subterráneas y la apertura indiscriminada de tierras para uso agrícola sin respetar la normatividad vigente.

Además de solicitar un informe sobre el sustento legal y los permisos oficiales y ejidales que conforme a la ley y a la norma Oficial mexicana (Semarnat 120) que permite la operación de la empresa minera Cascabel, subsidiaria de la empresa canadiense MAG Silver, en el municipio de Buenaventura  y realizar visitas a la región para conocer directamente la situación sobre el uso del agua y la operación de la minera Cascabel.

Y proponer conforme a derecho y en pleno respeto a las atribuciones y competencias de las entidades involucradas en el conflicto, mecanismos de resolución pacífica de la problemática de violación a derechos humanos expresada en el asesinato de los dirigentes barzonistas, así como los derechos sociales, económicos y ambientales.

La petición y punto de acuerdo fue dirigida al presidente del Senado, Ernesto Cordero y firmada por los senadores Javier Corral Jurado, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Raúl Morón Orozco, Alejandro Encinas Rodríguez, Dolores Padierna Luna y Ernesto Ruffo Appel.