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Pobreza laboral repunta después de un año de bajas y afecta a 52 millones de personas

A inicios de 2020, cuando México vivía sin covid-19, la población en pobreza laboral era de 36.6%, es decir, 4.1 puntos porcentuales menos que lo registrado entre julio y septiembre de 2021.

Luego de un año de avances y recuperación ante el impacto de la pandemia de covid-19, el nivel de pobreza laboral en México volvió a deteriorarse. Entre el segundo y el tercer trimestre de 2021 la población con ingresos inferiores a la canasta alimentaria pasó de 39.9 a 40.7%, informó esta tarde el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Este incremento de 0.9 puntos porcentuales se traduce en que casi 1.1 millones de personas se sumaron a la pobreza laboral entre julio y septiembre, para llegar a más de 52 millones de personas en esa condición. De acuerdo con la información difundida, en ese periodo “se observó una disminución real del ingreso laboral por persona en los hogares de los primeros tres quintiles de ingresos”. La baja se concentró en el primer y segundo quintil, es decir, en el 20% y 40% de la población de menor ingreso.

Para el Coneval, los factores que explican esta nueva caída son el aumento de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingreso y la inflación, indicador que se ubicó en un nivel promedio de 5.8% en el trimestre. Sin embargo, si se comparan los últimos datos con el mismo periodo de 2020, hay una mejoría. En ese balance hay una disminución a nivel nacional de la pobreza laboral de 5.3 puntos porcentuales, al pasar de 46.0 a 40.7 por ciento.

El reporte indica que el ingreso laboral real promedio de la población ocupada fue de 6,390 pesos al mes entre julio y septiembre del 2021. Los hombres ganaron 6,916 pesos, pero a las mujeres les pagaron 5,581 pesos. Es decir, las remuneraciones de los trabajadores son aproximadamente 1.2 veces mayores a las de las trabajadoras.

De esta manera, el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) presentó un aumento de 2.2%, al pasar de 1.0882 a 1.1116 puntos.

Las tres entidades que tuvieron la mayor disminución en pobreza laboral fueron: Quintana Roo, con una baja de 4.3%; Baja California Sur, 4.2% y la Ciudad de México, con 2.4 puntos porcentuales. En contraste, las tres entidades que presentaron el mayor aumento trimestral fueron: Veracruz, con un aumento de 6.6&; Sinaloa con 6.1%, y Chiapas con 3.2 puntos porcentuales.

Pobreza e informalidad, las más castigadas
En agosto pasado, cuando la tendencia parecía ir hacia la recuperación continua, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, dijo a El Economista que para el último trimestre de este año el país podría volver al nivel de pobreza laboral que se registró antes de la pandemia de covid-19.

La historia reciente de la pobreza laboral ha sido así: el país inició el 2020 con una pandemia incipiente y con 36.6% de su población recibiendo ingresos por debajo del valor de la canasta alimentaria, según los datos actualizados. Los siguientes datos disponibles son del tercer trimestre de ese año, cuando debido a los fuertes estragos de la covid-19 el porcentaje se disparó a 46 por ciento. Ése ha sido el mayor pico.

A partir de ese punto, la pobreza laboral había bajado. En el cuatro trimestre de 2020 y en el primero de 2021 el 42% de las personas se encontraba en esa condición. Para el segundo trimestre de este año disminuyó a 39.9%, pero ahora ha subido a 40.7 por ciento.

De acuerdo con el reporte para julio-septiembre de 2021, las personas más pobres sufrieron mayor disminución en sus ingresos laborales. El primer quintil vio mermados sus ingresos promedio de 173 a 165 pesos en el comparativo trimestral. El segundo quintil pasó de 1,185 a 1,171 pesos, “lo cual corresponde a una disminución trimestral de 4.8% y 1.2% para cada uno”.

Otra brecha es la de la formalidad. Quienes laboran en el sector formal reportaron un ingreso mensual de 9,211 pesos, mientras quienes trabajan en el sector informal recibieron en promedio 4,405 pesos al mes.

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Fabricantes de EU piden desestimar demanda de México

Las empresas productoras de armas de Estados Unidos acusadas por el Gobierno mexicano de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas pidieron a una corte de Boston que se desestime el caso y no se tome en consideración.

Los fabricantes argumentan que ninguna de ellas promueve ni facilita el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican, así como que México se equivocó en presentar la demanda en una corte que no tiene jurisdicción para el caso que presenta.

Este lunes era la fecha límite para que la decena de compañías armamentísticas, que se calcula que son productores de al menos el 68% de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año, presentaran sus argumentos sobre su posición en el caso, y todas coincidieron de que los supuestos defectos y falta de concreción en sus acusaciones como para que el caso pueda ser tomado en cuenta en una corte federal de Massachusetts.

Cada fabricante de armas, así como el distribuidor Witmer, presentó su propio argumentario ante la corte: decenas de páginas que se regían por las mismas razones por las cuales la demanda mexicana no tiene razón de ser: falta de jurisdicción y fundamento en el reclamo, según se pudo comprobar tras revisar todos los documentos presentados ante la justicia.

Entre otras justificaciones, tal y como se plantea en el documento presentado por Witmer, «el demandante (el Gobierno de México) hace reclamos vagos, demasiado amplios y que abarcan contra todos los demandados; es imposible determinar qué causas o acciones se dirigen realmente a Witmer», así como carece de «acusaciones específicas directas» contra la empresa, una afirmación que repiten varias de las empresas fabricantes de armas.

«La queja del demandante tiene más de 130 páginas e incluye más de 560 párrafos. Sin embargo, a pesar de toda esa verborrea, la demanda no proporciona afirmaciones fácticas que demuestren de manera plausible un derecho a cualquier reparación del demandante contra Barrett», apuntó en su declaración la empresa Barrett Firearms Manufacturing, Inc., con sede en Tennessee y fabricante de rifles de gran calibre.

Corte de EU admite demanda de México contra empresas de armas
«Es razonable suponer que el Demandante incluiría alegatos fácticos para respaldar su reclamo en su voluminosa queja de 135 páginas si pudiera hacerlo. No hay ninguno. Por lo tanto, la única inferencia razonable es que el demandante no incluyó tales alegaciones porque no podía hacerlo sin entrar en conflicto con los requisitos de alegato de buena fe del tribunal», respaldó Witmer.

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AMLO declara obras de la 4T como de ‘seguridad nacional’

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este lunes un decreto por el que declara la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México como asuntos de interés publicó y seguridad nacional.

Entre esas obras, abunda el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, están las asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles (en todas sus modalidades), energético, puertos y aeropuertos.

Las facultades del decreto no terminan ahí: también instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que otorguen la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar dichos proyectos.

Esa autorización deberá ser emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente.

“Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, agrega el decreto del presidente López Obrador

El titular del Ejecutivo ya había avisado de su intención de proteger las obras desarrolladas durante su Gobierno de intentos de privatización. En una de sus conferencias a inicios de noviembre, dijo que estos proyectos se entregarán en custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a fin de evitar que se privaticen.

“Quiero también aprovechar para decirle a la gente que tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia de la Secretaría de Defensa. Van a formar parte de una empresa manejada por la Sedena”, dijo en la ‘mañanera’.

Entre algunos de los proyectos insignia iniciados durante la administración obradorista están el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (cuya inauguración está prevista para marzo de 2022); el Tren Maya y la refinería Olmeca, en Tabasco.

El mandatario ha subrayado que esos proyectos serán terminados dentro de su sexenio. El decreto entra en vigor desde este mismo lunes.

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