Conecta con nosotros

Chihuahua

Podría México padecer una crisis económica de no controlar las pensiones del IMSS e ISSSTE

 

Al aumentar la esperanza de vida de los mexicanos e incrementarse el número de derechohabientes tanto del IMSS como del ISSSTE, se encienden focos de alerta para las finanzas a futuro del estado, pues de no obtener alternativas para los sistema de retiro, la carga económica llegará a ser un problema difícil de solucionar.

Así lo dio a conocer la contadora Rita Esmeralda Avitia Aguilar, especialista en los temas de seguridad social, al presentar el taller «Pensiones», en el Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua.

Dicho taller se realizó con el objetivo de incentivar tanto a las empresas como a los empleados en construir un sistema de retiro con mayor planeación.

Una de las alternativas que se planea por  Avitia Aguilar, es simplificar la Ley Hacendaria para que se autorice una mayor deducción de los sistemas de pensiones privados, pues actualmente no son un atractivo para el sector patronal debido a que no se les permite otorgar este beneficio a sus empleados y reportarlo fiscalmente.

Y es que ciertamente el sistema de retiro, ya sea por pensión o jubilación, es un derecho que tenemos todos los mexicanos, pero debemos tener en cuenta que hay situaciones no planificadas que complican la economía tanto de las empresas como del mismo derechohabiente, por ejemplo, no es lo mismo el costo de una pensión por vejez, por jubilación, por invalidez o por riesgos de trabajo, todas representan costos distintos.

Sin embargo, el poco interés en el tema hace que la situación de las pensiones y jubilaciones sea únicamente para las personas de la tercera edad, es decir, la gente busca asesoría y consultoría cuando está próxima a ejercer este derecho, y se queja y no le parecen los montos asignados, pero esto se debe a que nunca se preocupó en hacer bien las cosas.

 

Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto