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Policía de Juárez dice que detenido murió en la celda, pero un video muestra que fue en su arresto

Un video muestra la muerte de una persona que fue detenida luego de que efectivos de seguridad de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo sometieran en una estación policiaca.
En la grabación que circula en redes sociales se observa a la persona con el pantalón bajado y a los policías que lo intentan controlar.
El detenido alcanza a decir: “ya me lo subí”.
Posteriormente entre al menos ocho agentes lo someten por las extremidades y el cuello, le colocan boca abajo y le ponen una esposas. En algunos momentos el sujeto tira patadas y es pisado por los efectivos de seguridad.
El video se corta por un momento y luego los uniformados levantan el cuerpo inerte del detenido. Segundos después, una mujer y un hombre, probablemente personal médico, revisan al sujeto que sigue sin moverse.
La mujer le coloca un estetoscopio a la altura del corazón aun latía y mientras el hombre utiliza una lámpara para mirar los ojos del hombre.
Posteriormente le quitan las esposas y otra mujer lo revisa, pero el detenido no responde. Finalmente le aplican maniobras para resucitarlo, pero el detenido ya no responde.
De acuerdo con el Diario de Juárez, los primeros informes que dieron las autoridades era que el hombre amaneció muerto en una de las celdas de la Estación de Policía del Distrito Universidad.
El hombre identificado como Alejandro Cisneros Martínez, de 42 años, fue detenido por manejar intoxicado y en posesión de un arma.
El medio cita un comunicado de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) en que se informó que a las 02:24 horas elementos de Vialidad que realizaban su recorrido rutinario le marcaron el alto a un vehículo Lincoln por carecer de luz de freno, en el cruce de Paseo Triunfo de la República y calle Vicente Guerrero.
El conductor, cita el medio, hizo caso omiso a las indicaciones de los oficiales de Tránsito y Seguridad Pública y fue alcanzado en la avenida Calzada del Río.
Al ser detenido estaba en posesión de una pistola tipo escuadra, calibre .380, de la marca Pietro Beretta, con dos cargadores, con la que los amenazó.
Durante la inspección al vehículo también se le encontró una subametralladora marca Mendoza, calibre .380 milímetros, con dos cargadores, de acuerdo con el informe citado por el medio.

SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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