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México

Por congruencia y convicción, Chihuahua dice no a la militarización del país”: Mario Vázquez

No se puede avalar algo que ha dañado tanto a la población de nuestro estado.

“Nos oponemos a la militarización del país porque es una apuesta errónea y en detrimento de las fuerzas civiles de seguridad ciudadana”, así lo sentenció el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), Mario Vázquez Robles con motivo de la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López al H. Congreso de Chihuahua, para la promoción sobre la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

Dejó claro el aprecio a la grandeza de las fuerzas armadas, pero recordó que las mismas están hoy sometidas con mucha frecuencia a la humillación y escarnio de parte de delincuentes y expuestas a enormes riesgos al encomendarles tareas no propias de su naturaleza, doctrina y entrenamiento.

A diferencia de las fuerzas civiles de seguridad, quienes están acostumbradas a la interacción con la población, los militares tienen un entrenamiento para repeler, atacar y defender en primera instancia con el uso de armas.

Como ejemplo, recordó el caso en Chihuahua de 4 agricultores que enfrentaron el poderío de estas fuerzas armadas y quienes pasaron 2 años encarcelados injustamente por abuso del gobierno federal, y cuyo único delito fue defender el agua que “para nosotros es la vida misma”.

“Sufrimos los chihuahuenses ante la noticia del fallecimiento de Jessica Silva joven trabajadora del campo y madre de familia, que horas antes hizo acto de presencia durante el choque con elementos antimotines de la Guardia Nacional en la presa La Boquilla, que fue abatida por armas del ejército en Delicias, Chihuahua en 2020.

Ella y su familia transitaban pacíficamente cuando fueron atacados, su madre, “La chatita” Zamarripa, su esposo, Jaime y sus 3 hijos, la lloraran siempre.

Con estos duros ejemplos, resaltó las declaraciones de Edit Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional quien calificó como “muy grave” que el gobierno incumpla el compromiso de retirar las fuerzas armadas de las calles en el 2024, considerando su participación en labores de seguridad pública como contradictorio a los estándares internacionales en derechos humanos. Recordó también que tanto la ONU como la CIDH han llamado a México para retirar las fuerzas armadas de estas labores.

Por lo anterior y por numerosos ejemplos más de abuso de autoridad como Ayotzinapa, o con casos de extorsiones, desapariciones, cobro de cuotas como sucedió en Ciudad Juárez, es que “En Chihuahua por congruencia y por convicción no podemos apoyar la permanencia de Guardia Nacional en nuestras calles”, finalizó Mario Vázquez.

fuente: El diario

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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