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México

Por “falta de experiencia”, congresista en EEUU pidió frenar la venta de Deer Park a Pemex

La adquisición de una refinería en los Estados Unidos por parte de Pemex ha levantado toda clase de polémicas en el sector energético, así como en el ámbito político de ambos países, pues un congresista del país vecino del norte buscará intervenir en la misma.

Se trata de Brian Babin, quien envío una carta en fechas recientes a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, así como a la secretaria de Energía Jennifer M. Granholm, con el objetivo de frenar la venta.

El congresista abrió con una preocupación tras conocer la intención de tomar el control de las operaciones de Shell Oil, por lo que instó al Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) a iniciar una revisión de seguridad completa, incluido el denegar la transacción.

De acuerdo con Babin, estarían frente a un “serio riesgo ambiental, de salud y de seguridad económica para los ciudadanos de Texas, en particular los residentes que viven cerca de las instalaciones en Deer Park.”

De acuerdo con Babin, estarían frente a un serio riesgo ambiental, de salud y de seguridad económica (Foto: REUTERS/Adrees Latif)De acuerdo con Babin, estarían frente a un serio riesgo ambiental, de salud y de seguridad económica (Foto: REUTERS/Adrees Latif)

En este contexto, aseguró que la empresa Petróleos Mexicanos “no tiene el talento ejecutivo, gerencial o técnico para operar la refinería de Deer Park de manera segura.”

Agregó también que ninguna de las refinerías a cargo de la paraestatal mexicana puede equipararse con “las instalaciones de última generación de Deer Park”, por lo que es difícil que la petrolera cuente con “profesionales experimentados en operaciones, cumplimiento y mantenimiento necesarios para administrar de manera segura una refinería integral en el país.”

Es decir, habría numerosos riesgos que van desde un accidente industrial, hasta una degradación ambiental local, así como dificultades económicas locales “debido a la mala gestión empresarial.”

Posteriormente tocó el tema económico, donde abrió con el argumento de que el “historial comercial de Pemex con firmas estadounidenses y mexicanas es pésimo”, lo anterior, basado en un caso particular, el de la empresa Loadmaster Universal Rigs.

Pemex aseguró a la adquisición de la refinería Deer Park tiene varias razones detrás que beneficiarán a los mexicanos (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)Pemex aseguró a la adquisición de la refinería Deer Park tiene varias razones detrás que beneficiarán a los mexicanos (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

De acuerdo con Brian Babin, se habría incumplido un contrato de 230 millones de dólares con la empresa texana; posteriormente, se habría negado a participar en el arbitraje. Estos hechos, supuestamente puso en peligro el trabajo de más de 2,000 locales.

Otro de sus argumentos, se basó en el historial de deudas de la paraestatal que, según el congresista, carga con miles de millones de dólares en deuda, y ha mostrado “un patrón de pérdida en las negociaciones contractuales, corrupción generalizada, incluido el soborno, y tácticas descritas por sus otras víctimas como ‘terrorismo financiero’.”

Por último, concluyó que la venta únicamente podría ser viable en caso de que “Pemex demuestre el nivel de conocimiento técnico y entusiasmo por las buenas prácticas comerciales que se requieren para operar esta enorme inversión en suelo estadounidense”.

(Foto: Presidencia de México)(Foto: Presidencia de México)

Pemex busca evitar los gasolinazos con esta compra

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró a la adquisición de la refinería Deer Park tiene varias razones detrás que beneficiarán a los mexicanos.

Durante una entrevista con Canal 22, el funcionario público aseguró que tanto este, como todas las demás que se están rehabilitando a lo largo del país, serán parte de lograr la autosuficiencia energética.

Entre otras cosas, aseguró al periodista Jenaro Villamil, buscarán evitar los gasolinazos, y que “los precios de las gasolinas siempre se mantengan en una situación correcta para los mexicanos”.

“Pemex tendrá esa posibilidad de vender siempre con precios que no rebasen los topes inflacionarios, entonces eso es muy importante porque eso evita y garantiza que no haya gasolinazos”, aseguró Oropeza.

México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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