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Por inconsistencias, FGR pide a Rocha Moya pruebas de su paradero en el caso del Mayo Zambada y Cuén Ojeda

La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que proporcione datos probatorios sobre su ubicación el pasado 25 de julio, el día en que se produjo la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Esto se produce tras las afirmaciones deIsmael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, quien alega que fue citado a una reunión con Rocha y Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Ese día el capo de la droga fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y llevado en contra de su voluntad a Estados Unidos, según su propia narración de los hechos.

Desde que El Mayo Zambada hizo esas declaraciones, el mandatario morenista ha declarado públicamente que no estuvo presente en dicha fecha y lugar, negando cualquier tipo de vínculos con el secuestro de Zambada García y el crimen de Cuén Ojeda. Según ha mencionado, él se encontraba fuera del país.

Rubén Rocha Moya alega que ese día estuvo fuera del país. 
(Anayeli Tapia/Infobae)
Rubén Rocha Moya alega que ese día estuvo fuera del país. (Anayeli Tapia/Infobae)

“Es mentira que estuve el 25 de julio con el tema que se llevaron al señor Zambada, quien diga eso miente”, dijo en ese entonces y ha reiterado que sólo es una obra de sus opositores para ensuciar su nombre y el del presidente Andrés Manuel López Obrador,éste último quien también le ha dado respaldo al gobernador de Sinaloa.

Este lunes, en una conferencia de prensa, detalló que está dispuesto a colaborar con la FGR y proporcionar datos probatorios para demostrar su inocencia. “Nosotros tenemos que ir a declarar ante la autoridad cuando nos lo pida, no tengo ningún problema para eso”, insistió el gobernador, subrayando que no empleará su fuero para evitar la cita judicial.

Asimismo, dejó entrever que la Fiscalía deAlejandro Gertz Manero ya le pidió datos que demuestren que no estaba en Huertos del Pedregal, donde se registraron los hechos aquel 25 de julio.

“La Fiscalía me ha pedido que entregue datos probatorios de que no estuve (en el lugar donde secuestraron al Mayo), si me los pide los doy. Como dijo el presidente, nosotros tenemos que ir a declarar ante la autoridad cuando nos lo pida, no tengo ningún problema para eso”, dijo.

Por otro lado, el gobernador consideró poco probable que Claudia Sánchez Kondo, la nueva fiscal de Sinaloa, sea citada a declarar por la FGR. Explicó que cuando se llevó a cabo la investigación sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén, Sánchez Kondo era vicefiscal de la zona centro, la cual no estuvo involucrada en el caso de Zambada.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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