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Por irregularidades en la Estela de Luz, tendrán que devolver 400 millones de pesos

La Estela de Luz, el proyecto realizado durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) para conmemorar el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia de México, ahora tendrá que devolver 400 millones de pesos por irregularidades.

Al menos así lo determinó en una sesión virtual la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), luego de determinar que Andrés León Reguera y Juan Alberto Bravo Hernandes, trabajadores en ese entonces de la filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), III Servicios SA de CV, habrían simulado la compra de acero inoxidable a mayor precio para la construcción del monumento.

De acuerdo con El Universal, León Reguera fue residente de la obra y deberá devolver 216.3 millones de pesos, mientras que Bravo Hernández, entonces asesor técnico administrativo, regresará 230.8 millones de pesos.

“El acero inoxidable que compraron a sobreprecio tenía las mismas especificaciones que el que adquirieron estos dos trabajadores de III Servicios bajo el argumento de tener mejor calidad”, expuso la magistrada Nora Urby Genel al tribunal.

(…) las características del tipo de acero inoxidable seguían siendo las mismas que las que originalmente fueron pactadas en el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios
El periódico Milenio señaló que el TFJA ratificó las sanciones que ya habían sido impuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por este caso en marzo de 2019. Esto se realizó como parte de la revisión de la cuenta Pública 2011 para fiscalizar y verificar la gestión financiera de recursos federales canalizados al proyecto de la Estela de Luz.

El tema del acero comprado a sobreprecio estuvo basado en un documento que firmaron ambos acusados en el que se autorizó el cambio de material sin justificar la modificación, lo que derivó en pagos indebidos

“No sólo no cambió el tipo de acero que originalmente fue contratado, sino tampoco el diámetro del mismo”, señaló la magistrada y dadas las características idénticas de los materiales comprados a distintos precios, llegó a la conclusión de que no era procedente una modificación del contrato de mérito.

(El contrato) ocasionó un incremento económico indebido puesto que este tipo de acero no cambió con el que tuvo especificación que se estipuló desde 14 de enero de 2010, el cual derivó del contrato de obra pública
Ambos sentenciados pueden impugnar la sentencia a través de un amparo directo al tribunal colegiado de circuito, pero, por lo pronto, el dictamen de la devolución del dinero ya está hecha.

La Estela de Luz es un monumento a dos de los eventos históricos más importantes en México (la Revolución y la Independencia). Mide 104 metros de altura y está hecha con 1,704 paneles de cuarzo de Brasil con una iluminación hecha especialmente para esta construcción.

Para su construcción, Felipe Calderón lanzó una convocatoria en 2009 llamada “Concurso Nacional para la Construcción del Monumento del Bicentenario”, de la cual resultó ganador el arquitecto César Pérez Becerril, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Se encuentra ubicada en la calle Lieja 270, colonia Bosques de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la zona céntrica de la Ciudad de México, capital mexicana.

El monumento tiene debajo el Centro de Cultura Digital que promueve el uso conciente de herramientas digitales, un espacio subterraneo para el conocimiento.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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