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Por pandemia, cierran 1 millón de Mipymes en México

Ante el cierre de poco más de un millón de negocios en México, las empresas señalaron que requieren más apoyos fiscales y aplazamiento de pagos a créditos o servicios para poder hacer frente al difícil panorama provocado por las afectaciones del coronavirus.

De acuerdo con el estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y medianas que había en el 2019, sobrevivieron 3.85 millones, es decir, un millón 10 mil 857 establecimientos o 20.81 por ciento cerraron sus puertas definitivamente.

“Es decir, justo el periodo de la pandemia coincide con un incremento en la mortalidad de los establecimientos, no podemos afirmar la causalidad, pero definitivamente podemos decir que la pandemia tiene un factor dentro de todo esto”, mencionó Julio Santaella, presidente del Inegi, en videoconferencia.

En los establecimientos que dejaron de operar de manera definitiva laboraban casi 3 millones de personas, mientras que los locales sobrevivientes tuvieron una disminución de 1.15 millones de personas. En total se perdieron 4.12 millones de puestos de trabajo.

Por otra parte, el estudio muestra que a 17 meses de concluido el levantamiento censal nacieron 619 mil 443 unidades productivas, en las cuales se generaron 1.23 millones de empleos.

De esta manera, se pasó de 14.66 a 11.77 millones de personas ocupadas en septiembre de 2020, lo que representa una disminución de 19.68 por ciento con respecto a la población ocupada en mayo de 2019.

Por actividad económica, la mayor proporción de cierres definitivos se registró en establecimientos de servicios privados no financieros, con el 24.92 por ciento; comercio, con 18.98 por ciento y manufacturas, con el 15 por ciento.

En otra encuesta, sobre el impacto económico generado por Covid-19 (ECOVID-IE), se revela que alrededor de 1.87 millones de empresas en el país, el 86.6 por ciento del total, indicó haber tenido alguna afectación a causa de la pandemia.

Entre las principales afectaciones se encuentran la disminución de los ingresos con el 79.2 por ciento del total, la baja demanda con 51.2 por ciento y con el 22.8 la escasez de insumos o productos.

“Tomando en cuenta todo el periodo del COVID-19, el principal resultado que da la encuesta es que las empresas tuvieron una disminución de los ingresos debido al cierre de actividades no esenciales”, consideró Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex.

Destacó que es cierto que las empresas cerraron sus operaciones, pero también hay nacimientos de nuevas unidades productivas que pueden ser de otras actividades, por lo que quizás se estén ajustándose a la nueva normalidad de la actividad económica.

“Este cierre masivo de empresas en México es histórico porque muestra la profundidad de la afectación del coronavirus. La desaparición de Mipymes implicó la pérdida de empleos y la salida fue generar pequeños micronegocios para obtener ingresos propios, esto muestra la problemática que se tiene en materia de empleo y también de inversión”, dijo José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Advirtió que lo anterior afectará de manera estructural en la actividad económica de México y será difícil que a partir de ello se pueda pensar en una recuperación rápida de la economía, pues será al menos hasta el 2022 cuando esto ocurra.

“En comparación con la encuesta pasada en abril, parece que hay cierto optimismo entre las empresas que mencionaron afectaciones por el coronavirus, pero más allá de la mejora, las afectaciones que provocó el virus son muy graves y profundas”, expuso Marcos Arias, analista de Monex.

De acuerdo con el reporte, a nivel nacional 37.6 por ciento de las empresas consideran que podrán continuar operando de 12 meses a más con su nivel actual de ingresos, 46.6 por ciento de tres a menos de 12 meses y 15.8 menos de 3 meses.

De acuerdo con el segundo levantamiento de la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE), la proporción de empresas que recibieron apoyos fue de 5.9 por ciento, mientras que el 94.1 por ciento restante no recibió ningún tipo de ayuda.

La encuesta arroja que las empresas consideran que la política de apoyo que más se requiere para hacer frente a la pandemia es aquella relacionada con los apoyos fiscales, con 61.3 por ciento de respuestas.

Un 40.6 por ciento indicó que se requiere un aplazamiento de pagos a créditos y servicios, 34.4 por ciento mencionó la trasferencia de efectivo y 30.3 por ciento dijo que se necesitan nuevos créditos.

Los resultados destacan que 37.6 por ciento de las unidades económicas prevén un retraso en el pago de sus deudas, y esta proporción es mayor en las microempresas, con 38 por ciento, mientras que en las grandes es de 19.3 por ciento.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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