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Opinión

¿Por qué apoyar #LEY3DE3? Por Pedro Kumamoto 

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Todos conocemos a un vecino que durante varios años mantuvo un mismo estilo de vida, misma casa, viajes, ropa, pero que un buen día, de la noche a la mañana, estas condiciones cambiaron. Todos tenemos al vecino que se mudó de nuestra colonia y fincó en los mejores lotes de un condominio lujoso, que cambió a sus hijos de la escuela al colegio con más pompa de la ciudad y del que ya sólo sabemos de su existencia por las revistas de sociales. La historia no acaba ahí, pasados unos días nos enteraremos de que lo que podría parecer un golpe bondadoso del azar a través de la lotería, una herencia o la buena planificación en los negocios del vecino, es en realidad un giro en su profesión: nos enteramos que el vecino ahora se dedica a la política.
¿Quién podría decir que este es un caso aislado? ¿Quién podría negar que en la política mexicana hay enriquecimiento ilícito? ¿Cuántos funcionarios públicos han caído a la cárcel por la corrupción? Las respuestas podrían entristecernos. Sin embargo, creo que hoy existen alternativas.
Detrás de la lucha anticorrupción hay años de trabajo de organizaciones, activistas, redes y académicos que esta semana se unieron para impulsar la iniciativa ciudadana #Ley3de3. Hemos hecho un frente en común para salir a las calles y juntar 120,000 firmas para llevar a la discusión en el Congreso de la Unión una iniciativa ciudadana que termine de una buena vez con la corrupción.
Es importante apoyar la #Ley3de3, o propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque nos da herramientas para castigar conductas o actos de corrupción como soborno, peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, nepotismo, utilización ilegal de información falsa y conspiración para cometer actos de corrupción. Esto significa volver delito muchas de las prácticas nocivas que hoy no son delitos en nuestro país. Otro punto innovador es que obliga a la creación de una “lista negra de corruptos”, o Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados (RNSPS), para evitar que estas personas ingresen de nuevo al trabajo público.
Finalmente, es importante reunir firmas para esta iniciativa porque vuelve ley una buena práctica que pocas candidaturas realizamos en las elecciones pasadas: el famoso #3de3. Es decir, presentar tres declaraciones antes de asumir el cargo: la declaración patrimonial, lo que tienes; la declaración fiscal, los impuestos que has pagado; y la declaración de intereses, en dónde trabaja tu familia, tus empresas, etc. Estos detalles nos permitirían darle seguimiento al patrimonio de los servidores públicos y seríamos capaces de señalar con claridad las discrepancias entre el dinero que deberían tener los servidores públicos por su sueldo y lo que tienen en realidad, para así inhibir el enriquecimiento ilícito.
Esta historia del vecino político criminal debe acabar. Por eso les invito a impulsar esta iniciativa a nivel nacional consiguiendo firmas. A nivel local les invito a incluirse en la discusión, pues los próximos meses retomaremos esta ley en el Congreso de Jalisco.

*Si quieres saber más y ayudar a esta iniciativa entra a: www.Ley3de3.mx

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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