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Opinión

¿Por qué apoyar #LEY3DE3? Por Pedro Kumamoto 

Todos conocemos a un vecino que durante varios años mantuvo un mismo estilo de vida, misma casa, viajes, ropa, pero que un buen día, de la noche a la mañana, estas condiciones cambiaron. Todos tenemos al vecino que se mudó de nuestra colonia y fincó en los mejores lotes de un condominio lujoso, que cambió a sus hijos de la escuela al colegio con más pompa de la ciudad y del que ya sólo sabemos de su existencia por las revistas de sociales. La historia no acaba ahí, pasados unos días nos enteraremos de que lo que podría parecer un golpe bondadoso del azar a través de la lotería, una herencia o la buena planificación en los negocios del vecino, es en realidad un giro en su profesión: nos enteramos que el vecino ahora se dedica a la política.
¿Quién podría decir que este es un caso aislado? ¿Quién podría negar que en la política mexicana hay enriquecimiento ilícito? ¿Cuántos funcionarios públicos han caído a la cárcel por la corrupción? Las respuestas podrían entristecernos. Sin embargo, creo que hoy existen alternativas.
Detrás de la lucha anticorrupción hay años de trabajo de organizaciones, activistas, redes y académicos que esta semana se unieron para impulsar la iniciativa ciudadana #Ley3de3. Hemos hecho un frente en común para salir a las calles y juntar 120,000 firmas para llevar a la discusión en el Congreso de la Unión una iniciativa ciudadana que termine de una buena vez con la corrupción.
Es importante apoyar la #Ley3de3, o propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque nos da herramientas para castigar conductas o actos de corrupción como soborno, peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, nepotismo, utilización ilegal de información falsa y conspiración para cometer actos de corrupción. Esto significa volver delito muchas de las prácticas nocivas que hoy no son delitos en nuestro país. Otro punto innovador es que obliga a la creación de una “lista negra de corruptos”, o Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados (RNSPS), para evitar que estas personas ingresen de nuevo al trabajo público.
Finalmente, es importante reunir firmas para esta iniciativa porque vuelve ley una buena práctica que pocas candidaturas realizamos en las elecciones pasadas: el famoso #3de3. Es decir, presentar tres declaraciones antes de asumir el cargo: la declaración patrimonial, lo que tienes; la declaración fiscal, los impuestos que has pagado; y la declaración de intereses, en dónde trabaja tu familia, tus empresas, etc. Estos detalles nos permitirían darle seguimiento al patrimonio de los servidores públicos y seríamos capaces de señalar con claridad las discrepancias entre el dinero que deberían tener los servidores públicos por su sueldo y lo que tienen en realidad, para así inhibir el enriquecimiento ilícito.
Esta historia del vecino político criminal debe acabar. Por eso les invito a impulsar esta iniciativa a nivel nacional consiguiendo firmas. A nivel local les invito a incluirse en la discusión, pues los próximos meses retomaremos esta ley en el Congreso de Jalisco.

*Si quieres saber más y ayudar a esta iniciativa entra a: www.Ley3de3.mx

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?

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