En México muchos aún recuerdan un mensaje que se transmitía frecuentemente por televisión: en pantalla aparecía una mujer vestida con delantal que preguntaba con asombro: «¿Cómo, Pemex en mi cocina?».La frase era parte de una extensa campaña del gobierno para recordar la importancia que la paraestatal Petróleos Mexicanos tiene en el país.

Pero el eslogan revela más que un afán de propaganda, pues deja en claro el papel fundamental de la empresa en la vida de los mexicanos.

Pemex es uno de los pilares de la economía del país. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) indican que en promedio el 37% de los recursos fiscales provienen de la venta de hidrocarburos, mientras que el valor estimado de la paraestatal equivale al 10% del Producto Interno Bruto.

Los números, sin embargo, explican sólo una parte de la historia. En el país este hidrocarburo representa sobre todo un elemento de soberanía y mexicanidad, coinciden especialistas.

«El petróleo en México no es solamente un recurso que genera una cuantiosa fuente de ingresos, es también un símbolo de identidad nacional», le dice a BBC Mundo Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Gesta heroica

Durante casi 70 años los mexicanos aprendieron que la expropiación del petróleo decretada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas fue, después de la Revolución, la mayor gesta heroica del siglo XX.

Una historia que, se impartía en textos escolares, puso fin al abuso y explotación extranjera de los recursos naturales y que en ocasiones pusieron en riesgo la independencia del país.

Así, para muchos la participación de capital privado en la extracción y procesamiento de hidrocarburos equivale a una regresión histórica.
Por ejemplo una encuesta de la consultora de opinión pública Parametría reveló que el 49% de los mexicanos están en contra que empresas particulares participen en la industria petrolera.

Eso es un elemento central en la propuesta de reforma energética que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, quien plantea autorizar la participación de capital privado a través de contratos de utilidad compartida.

Para conseguirlo es necesario modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución, que limitan al estado las tareas de extracción y procesamiento de hidrocarburos.

El planteamiento anticipa una intensa polémica, advierte el investigador Barbosa Cano.

«Veo un proceso difícil de lucha política que va a enturbiar el panorama político y social, que ya de por sí es muy conflictivo en el país», asegura.

«Mexicanidad»

En el debate que inicia, uno de los problemas es la creencia arraigada de que el capital privado atenta contra la soberanía nacional, reconoce Montserrat Ramiro, del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).

«Es un tema de desinformación. Históricamente se ha planteado al petróleo como el símbolo de soberanía y de mexicanidad, y eso no tiene por qué dejar de serlo», dice en conversación con BBC Mundo.

«No creemos que la esencia histórica de los mexicanos esté en quién saque el petróleo, lo que importa es cómo se usa la renta derivada de la actividad petrolera».

El estado, insiste, se mantiene como propietario de los hidrocarburos y otras fuentes de energía, como lo plantea la iniciativa del gobierno.
Quien saque el petróleo es irrelevante para la mexicanidad, lo que importa es cómo usa el Estado la riqueza que obtiene a través de la producción y explotación de hidrocarburos».

Un sistema con sólo un operador dependiente del gobierno, como ahora sucede, «no se ajusta a la realidad geológica del país», insiste Montserrat Ramiro.

Lo que viene

La discusión sobre el modelo de explotación petrolera es sólo una parte de la polémica que ya arranca.

Grupos de izquierda, como el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) que encabeza el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador anunciaron una serie de protestas callejeras para detener la reforma energética.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que no apoyará modificación alguna a la Constitución, aunque se muestra dispuesto a debatir en las cámaras de Diputados y Senadores.

Peña Nieto cuenta con el respaldo de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), que con algunas alianzas legislativas puede alcanzar los votos necesarios para aprobar la reforma.

Después el proyecto debe ser avalado por al menos 17 de los 32 congresos locales, pues implica una modificación constitucional. Si cumple estos pasos la reforma energética podría entonces ser promulgada.

El plazo, sin embargo, no será corto. Tanto la izquierda como el conservador Partido Acción Nacional (PAN) han dicho que iniciarán el debate de la propuesta hasta septiembre próximo.

El PAN incluso plantea que antes de discutir sobre el petróleo y electricidad es necesario aprobar una reforma política, que contemple castigos ejemplares a los partidos que se excedan en los gastos de campaña, como sucedió en los recientes comicios presidenciales.

Para algunos especialistas el proceso de discusión de la reforma energética puede tardar varias semanas, y quizá algunos meses.

Puntos clave de la reforma energética propuesta