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Opinión

¿Por qué regresó Ricardo Anaya? De Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez T.

“Te saludo desde mi casa, aquí en Querétaro”, dice Ricardo Anaya, con un discurso bien entrenado y articulado que muestra en su más reciente video. Se trata del candidato panista que fracasó en su intento de vencer a Andrés Manuel López Obrador.

Ahí está el menudo y polémico personaje, que algunos llamaron “el chico maravilla”, analizando la situación que vive el país a más de dos años de aquella fatídica elección –para él y sus seguidores–. Se muestra mesurado, con información que, él sabe, enciende el ánimo de los detractores de AMLO.

Es Ricardo, o como el presidente lo bautizó “Ricky, riquín canallín”, quien reaparece en el momento más importante para la oposición que no ha demostrado ser una potencia contra la 4T. Todo lo contrario; hay un boquete, una debilidad de los enemigos de Morena ante el desafío enorme de la gigante elección del próximo 6 de junio del 2021.

Con voz inconfundible dice: «Frente a este desastre la pregunta que aparece en todas las conversaciones sobre los problemas de México es qué vamos a hacer. Yo creo que la respuesta está en el 21 y en el 24». Quiere participar, está en pie de guerra.

Anaya se presenta justo cuando el movimiento de FRENAAA inspira más carcajadas que una voluntad colectiva para derrocar al actual gobierno. Sabe que es un momento preciso para darle rostro a un sentimiento que comparten cientos de miles de opositores, pero que sigue pálido y desnutrido.

¿Qué más sabe Ricardo Anaya? ¿Qué más lo motivó a reaparecer? Al parecer, el más temido de los funcionarios, por parte de los políticos del pasado, Santiago Nietotrató de explicar desde su cuartel el inesperado resurgimiento: existe una investigación formal por el caso de Odebrecht. Este martes 22 de septiembre, Nieto aseguró que fue Emilio Lozoya quien denunció la presunta participación de Anaya junto a otras 70 personas por el tema de desvíos y sobornos por parte de la empresa multimillonaria y ultracorrupta Odebrecht.

¿Acaso Ricardo Anaya busca el fuero para no caer en prisión?

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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