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Posibles operaciones militares de Trump contra cárteles en México generarían consecuencias desastrosas, advierten expertos

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Analistas en temas de seguridad y de la relación bilateral entre México y Estados Unidos alertaron que los planes del gobierno de Donald Trump para emprender acciones militares contra cárteles mexicanos serían interpretados como un acto de agresión y podrían provocar efectos contraproducentes de gran escala, además de partir de un diagnóstico equivocado sobre cómo operan estos grupos criminales.

De acuerdo con un reporte del periodista independiente Ken Klippenstein, la administración estadounidense prepara para mediados de septiembre una estrategia que incluiría operaciones en territorio mexicano bajo la orden directa del presidente Trump.

Geoffrey Corn, director del Centro de Derecho y Política Militar de la Texas Tech School of Law, advirtió a Newsweek que cualquier incursión sin consentimiento de México violaría la Carta de la ONU y el derecho internacional. “Estados Unidos alegará defensa propia, pero este derecho solo aplica ante un ataque armado real o inminente, no frente a actividades de grupos no estatales que generan daño, como es el caso de los cárteles”, explicó.

La intención surge tras la designación de varias organizaciones criminales como Terroristas Extranjeros (FTOs) en febrero. El Pentágono, a través de su vocero Sean Parnell, reiteró que estos grupos representan una “amenaza directa” para la seguridad nacional y señaló su responsabilidad en la violencia hemisférica, el tráfico de drogas y la desestabilización económica.

No obstante, especialistas advirtieron que un operativo militar sería inviable y riesgoso. David Mora, analista senior para México en el International Crisis Group, destacó que el narcotráfico funciona mediante redes pequeñas y dispersas, con laboratorios improvisados en ciudades como Culiacán. “Un ataque con drones sería extremadamente peligroso; y si se tratara de capturar a un líder, quizá sonaría a victoria política, pero la experiencia demuestra que esto solo incrementa la violencia”, apuntó.

Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio de Norteamérica en la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, coincidió en que la estrategia confunde los fenómenos de migración y violencia. Recordó que la designación de los cárteles como terroristas podría reforzar solicitudes de asilo, pues la violencia genera desplazamientos internos que eventualmente llegan a la frontera. “Una intervención militar estadounidense detonaría más migración, justo lo contrario a lo que busca la administración Trump”, advirtió.

Los expertos coincidieron en que las medidas, además de carecer de sustento jurídico, pondrían en riesgo la relación bilateral y tendrían un enorme costo político para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Mora recalcó que cualquier acción unilateral sería vista en México como una invasión: “Imagina el lema: ser la presidenta bajo cuyo mandato Estados Unidos volvió a invadir México. Políticamente sería devastador”.

Datos de la Comisión de Sentencias de EU muestran, además, que el problema del fentanilo no se reduce a actores extranjeros: en 2024, el 83.5% de los sentenciados por tráfico de esta droga eran ciudadanos estadounidenses.

En opinión de Corn, el riesgo central es que la Casa Blanca pretenda usar la fuerza militar como solución universal: “Cuando piensas que tu mejor herramienta es un martillo, todo problema empieza a parecer un clavo. El narcotráfico no es un asunto que se resuelva con ataques militares”.

Dinero

Sheinbaum nombra a Carlos Torres Rosas al frente de Nafin y Bancomext

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, designó a Carlos Torres Rosas como nuevo director general de Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, en sustitución de Roberto Lazzeri Montaño, quien dejó el cargo para asumir una encomienda en el Servicio Exterior.

De acuerdo con la información difundida por las instituciones financieras, Torres Rosas es licenciado en Administración de Empresas por la University of Bath. Además, cursó estudios en Finanzas e Inversiones en la Escuela de Administración de Rotterdam de la Erasmus University Rotterdam.

Hasta el 15 de junio de 2026, se desempeñó como secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar. Entre sus principales responsabilidades se encontraba el seguimiento físico y financiero de programas y proyectos prioritarios del Gobierno de México.

Asimismo, tuvo a su cargo la coordinación de la planeación, ejecución y evaluación de las actividades desarrolladas por las delegaciones de los Programas para el Bienestar en las distintas entidades del país.

Dentro de sus funciones también figuró el seguimiento al cumplimiento de acuerdos e instrucciones emitidas por el Poder Ejecutivo Federal a dependencias y entidades de la administración pública.

El nombramiento fue dado a conocer este 16 de junio de 2026 y marca el relevo en la dirección de ambas instituciones financieras de desarrollo.

Hasta el momento no se han informado detalles adicionales sobre el proceso de transición en Nafin y Bancomext.

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