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México

Preponderancia, falso debate: Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — La discusión sobre la definición de preponderancia en telecomunicaciones o servicios es un falso debate ya que la propuesta de legislación secundaria en el tema es consistente con las modificaciones a la Constitución, aseguró este miércoles el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes.

«Estoy convencido de que esto es un falso debate (…). Se creó un órgano constitucional autónomo que tenía la obligación de aplicar el artículo octavo transitorio en sus fracciones III y IV (de la reforma constitucional) y este órgano, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por unanimidad de siete votos, sin ningún voto en contrario, sin ninguna reflexión en contra, determinó que la preponderancia es por sector, no por servicios», dijo el funcionario en entrevista con MVS Radio.

El anteproyecto del dictamen, que se discutirá este miércoles en el Senado, afirma que sólo pueden existir dos agentes preponderantes, uno en el sector de telecomunicaciones y otro en el de radiodifusión, lo que evita que se dictamine la preponderancia por servicios, disposición que daría ventaja a Televisa, según especialistas y legisladores.

El 6 de marzo pasado la televisora fue declarada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como agente económico preponderante en el sector de la radiodifusión, que comprende la televisión abierta y la radio difundida, pero excluye la televisión de paga, mercado en donde la empresa tiene 60% de participación a través de Cablevisión y Sky. Ese mismo día el regulador declaró a América Móvil como preponderante en el sector de telecomunicaciones.

Castillejos Cervantes rechazó que al definirse la preponderancia por sector y no por servicios se beneficie a la televisora, al asegurar que para ello existe la figura de poder sustancial.

“Que no se declare preponderante a una empresa de televisión de paga no implica que el IFT no la pueda declarar con poder sustancial e imponerle medidas asimétricas”, expuso.

Recordó que el artículo 39 del anteproyecto establece que el órgano regulador debe determinar la existencia de agentes económicos con poder sustancial en cualquiera de los mercados relevantes de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.

El poder sustancial de mercado, incluido en la Ley Federal de Competencia Económica, aplica para todos los mercados y no sólo para telecomunicaciones o radiodifusión. Con este concepto se determina a un agente con influencia en un mercado específico para fijar precios y barreras a otras empresas.

El funcionario calificó de absurdo definir la preponderancia por servicios porque el IFT ya lo definió por sector, por lo que la forma de proteger las resoluciones del órgano regulador es transcribir palabra por palabra la reforma constitucional.

Argumentó que definir la preponderancia por servicio violaría el artículo 28 de la reforma constitucional en la materia.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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