Por considerarla una invasión a la soberanía estatal y una vulneración de principios fundamentales de justicia y derechos humanos, el Gobernador Javier Corral Jurado, presentó una controversia constitucional para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declare inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI).
En el texto de la controversia, destaca también que la LSI vulnera la autonomía presupuestaria y financiera de los estados, particularmente del Estado de Chihuahua.
El Gobernador acudió a la Suprema Corte acompañado por Santiago Corcuera Cabezut, abogado experto en Derechos Humanos, quien ha sido miembro del Comité de Expertos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y miembro y presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, así como de la escritora y politóloga Denise Dresser, el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles; los activistas Emilio Álvarez Icaza y Gabino Gómez, el diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo y el sacerdote Javier Ávila, entre otros.
Como se recordará, dicha Ley fue aprobada el 15 de diciembre del 2017 por el Congreso de la Unión (diputados y senadores) y promulgada por el Presidente de la República el 21 de ese mismo mes, pero no ha entrado en vigor ya que fue remitida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal que admitió por lo menos otras 15 acciones y controversias de inconstitucionalidad.
Desde el momento en que fue aprobada por el Congreso de la Unión, el Gobernador señaló que la Ley de Seguridad Interior violenta principios fundamentales de derechos humanos y pidió a los legisladores federales que reconsideraran la redacción del texto aprobado.
En el documento presentado ante la Suprema Corte, Corral Jurado señaló como objeto de la Controversia, que la LSI permite una invasión a la soberanía del estado por las autoridades federales, así como una vulneración de la autonomía presupuestaria y financiera de Chihuahua y pide a la Suprema Corte la declaratoria de inconstitucionalidad.
En el texto, alude a la definición de competencias de los municipios, de las entidades federativas y de la Federación, a través de los artículos 21, 40, 41, 119 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que queda claro que en materia de seguridad pública, el Gobierno Federal debe de mantener un estricto respeto a la soberanía de las entidades federativas.
Los agravios aludidos son los siguientes:
1) Invasión de la soberanía del Estado de Chihuahua por las autoridades federales, vulneración de su autonomía presupuestaria y financiera.
2) Se vulnera la esfera jurídica y la competencia de los municipios del estado de Chihuahua, ya que se limitan las facultades en materia de seguridad pública, trasgrede su autonomía y determinación Constitucional y se estarían limitando derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales.
3) Algunos conceptos de inconstitucionalidad o artículos de la Ley de Seguridad Interior estarían violentando los siguientes derechos:
· Derecho a la seguridad pública
· Libertad de acceso a la información
· Privacidad y protección de datos personales
· Libertad de reunión
· Principio pro-persona
· Principio de progresividad
· Derecho a la libertad personal.
Otras consideraciones son que resulta inconstitucional que una ley pretenda regular una mal llamada seguridad interior y que en la misma se le asigne funciones a las fuerzas armadas consistentes en actividades que van dentro de la seguridad pública, según dispone el Artículo 21 constitucional.
De igual manera, la LSI permite que el Presidente de la República disponga de la totalidad de las fuerza armadas para su instauración, lo que cual es exorbitante y por lo tanto inconstitucional.
“Resulta particularmente preocupante para el estado de Chihuahua la vaguedad en cuanto a la definición de lo que pudieran constituir las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas, incluyendo obligaciones de carácter financiero para solventar acciones de seguridad interior que el Ejecutivo Federal pudiera determinar de manera unilateral y sin haber recibido la petición expresa de la entidad correspondiente”, señala el Gobernador en la controversia presentada.
Corral Jurado reiteró su profundo respeto a las autoridades y elementos de las Fuerzas Armadas, pero consideró que debe acotarse su papel, y por otra parte, permitir la profesionalización de las policías federal y estatales en el combate al crimen organizado.
Desde temprana hora, el gobernador, a través de su cuenta de Twitter, informó que había firmado la controversia para presentarla dentro de los plazos señalados por la propia Suprema Corte.
