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Presentan abogados pliego petitorio al titular del Poder Judicial

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Julio César Jiménez Castro, se comprometió hoy ante miembros del Consejo Estatal de Colegios y Barras de Abogados a solventar, en la medida de lo posible, los nueve puntos que contiene un pliego petitorio entregado ayer en la sede del Poder Judicial, reunión en la que además los abogados reiteraron su apoyo al titular del Poder Judicial a quien además conminaron a no rodearse de “corruptos de espíritu” e integran la llamada “mafia del poder”.
Tranquilo pero decidido, el exlitigante Santiago de la Peña pidió a Jiménez Castro prevenirse de “esos fantasmas que deambulan por este edificio”, de los “lisonjeros y cautivadores, algunos y algunas”. Su imagen íntegra, le dijo, “se consolida día a día. La decencia, la integridad y la honorabilidad no se aprenden. Nosotros esperamos más de ustedes y estamos dispuestos a ayudar”, sentenció.
El pliego petitorio Fue el licenciado David Óscar Castrejón Rivas quien dio lectura puntual de las demandas expuestas ante el Magistrado Presidente, y de las cuales destacan, por ejemplo, resolver algunas deficiencias
del Centro de Justicia que afectan los accesos y la movilidad del público, tanto de los empleados del TSJ como de los usuarios en general. Para ello proponen instalar una escalara eléctrica que conecte a los dos primeros pisos, “que son los de mayor congestionamiento”. De igual modo proponer aumentar el número de accesos al estacionamiento público, expandir espacios para litigantes y salas de juicios de control, facilitar y agilizar los accesos de los abogados mediante gafete o firma electrónica.
A nombre de los seis representantes de abogados que acudieron esta mañana al TSJ, Castrejón solicitó “frenar el nepotismo, compadrazgo y amiguismo que ha existido en el Tribunal para ocupar puestos dentro de la Judicatura” y que “exista transparencia en la asignación de plazas y respeto a la carrera judicial”.
El gremio de abogado reclama también que se revise el papel del Jurídico del TSJ ya que, dicen, “sistemáticamente casi la mayoría de las quejas que se presentan contra los funcionarios públicos que ahí laboran son desechadas sin investigar nada de los hechos que se denuncian”. Demandaron también la necesidad de que exista un estudio socioeconómico que permita ayudar con defensores de oficio en materia penal, civil y familiar a personas de escasos recursos.
Por otro lado, piden que se gestione la “igualdad entre magistrados y jueces” para que “la jubilación integral sea igual”, no sólo con privilegios para los primeros. Solicitaron la intervención del Magistrado Presidente para que el Instituto de Formación y Actualización Judicial (INFORAJ) abra sus cursos a litigantes y no se circunscriban solamente a empleados del Poder Judicial. En el último punto del pliego petitorio se pide celeridad a la central de actuarios porque “dilata mucho las citas para emplazamiento y notificaciones”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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