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México

Presentan queja ante CNDH familiares de militares detenidos

Este lunes, se dio a conocer que Arturo González Rodríguez, mayor del Ejército mexicano, es una pieza clave en el caso de los cuatro generales acusados de tener nexos con el narco y sometidos bajo arraigo durante 40 días.

El mayor González Rodríguez acusó al subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles y al General de Brigada del Estado Mayor, Roberto Dawe González de colaborar con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva.

Resulta que el mayor González Rodríguez es uno de los cinco militares, incluido un general, que han declarado contra Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe, pero además señaló a otros dos militares, Ricardo Escorcia Vargas, general de División de Estado Mayor, y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández, de estar involucrados con la misma organización criminal.

Diarios de circulación nacional destacan que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) indicaron que Roberto López Nájera, es el testigo protegido, conocido con el nombre clave de «Jennifer».

Por lo pronto, la mañana de este lunes, en las instalaciones de la PGR, el general Edgar Luis Villegas declaró que el crimen no doblegará al estado mexicano.

«Los actos crueles e inhumanos que llevan a cabo los delincuentes, no doblegarán nuestra lealtad y nuestro compromiso con México. Ante las amenazas contra la seguridad, la legalidad y la justicia, redoblamos esfuerzos para hacer respetar la ley combatiendo a las organizaciones criminales que atenten contra la paz de cada una de las familias mexicanas», dijo.

Este mismo lunes, familiares de los generales presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, a la vez, dicho organismo ya solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) toda la información para verificar si se vulneraron o no las garantías de los cuatro militares.

Raúl Plascencia, titular de la CNDH, informó en entrevista radiofónica que se investiga si las autoridades actuaron, el pasado 15 de mayo, «en estricto apego a la ley» y agregó que hay personal de la CNDH en las instalaciones del Centro Federal de Investigaciones, donde permanecerán arraigados los generales.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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