Este lunes, se dio a conocer que Arturo González Rodríguez, mayor del Ejército mexicano, es una pieza clave en el caso de los cuatro generales acusados de tener nexos con el narco y sometidos bajo arraigo durante 40 días.

El mayor González Rodríguez acusó al subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles y al General de Brigada del Estado Mayor, Roberto Dawe González de colaborar con el cartel de los hermanos Beltrán Leyva.

Resulta que el mayor González Rodríguez es uno de los cinco militares, incluido un general, que han declarado contra Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe, pero además señaló a otros dos militares, Ricardo Escorcia Vargas, general de División de Estado Mayor, y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández, de estar involucrados con la misma organización criminal.

Diarios de circulación nacional destacan que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) indicaron que Roberto López Nájera, es el testigo protegido, conocido con el nombre clave de «Jennifer».

Por lo pronto, la mañana de este lunes, en las instalaciones de la PGR, el general Edgar Luis Villegas declaró que el crimen no doblegará al estado mexicano.

«Los actos crueles e inhumanos que llevan a cabo los delincuentes, no doblegarán nuestra lealtad y nuestro compromiso con México. Ante las amenazas contra la seguridad, la legalidad y la justicia, redoblamos esfuerzos para hacer respetar la ley combatiendo a las organizaciones criminales que atenten contra la paz de cada una de las familias mexicanas», dijo.

Este mismo lunes, familiares de los generales presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, a la vez, dicho organismo ya solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) toda la información para verificar si se vulneraron o no las garantías de los cuatro militares.

Raúl Plascencia, titular de la CNDH, informó en entrevista radiofónica que se investiga si las autoridades actuaron, el pasado 15 de mayo, «en estricto apego a la ley» y agregó que hay personal de la CNDH en las instalaciones del Centro Federal de Investigaciones, donde permanecerán arraigados los generales.