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México

Presidencia modifica su Reglamento

La Presidencia de la República publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de su Reglamento.

Entre las diversos disposiciones destaca que a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal le corresponde representar a la Oficina de la Presidencia y a sus diferentes unidades ante los tribunales federales y del fuero común, así como ante toda autoridad del ámbito federal, local o municipal, en los asuntos y trámites jurisdiccionales y en cualquier asunto de carácter jurídico en que tenga interés o injerencia.

También se da a conocer que para el despacho de los asuntos de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia se cuenta con las unidades de apoyo, tales como la Coordinación General; Secretaría Técnica del Gabinete; Coordinación de Opinión Pública; Coordinación de Estrategia Digital Nacional; Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación; Coordinación de Crónica Presidencial, y Coordinación de Marca País y Medios Internacionales.

Entre las diversas funciones que realiza el área de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República está la de coordinar el diseño y difusión de las campañas institucionales de la Oficina de la Presidencia, con la participación de las demás unidades competentes, así como orientar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que el contenido de sus publicaciones sea acorde con la estrategia que determine el Presidente.

Supervisar el uso de la imagen institucional, así como coadyuvar en la producción y transmisión de los actos y eventos en los que participe el Presidente, en coordinación con las demás unidades de la Oficina de la Presidencia, así como de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes.

Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado para tal fin a la Oficina de la Presidencia de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, razón por la que no se autorizarán recursos adicionales para el ejercicio fiscal de que se trate.

Fuente: 24 Horas.

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México

Bertha Alcalde asume como directora general del ISSSTE

  • Como nueva titular del organismo, Alcalde Luján continúa la transformación para garantizar el derecho a la salud y atención de calidad a 13.8 millones de derechohabientes

Por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a partir del 19 de febrero Bertha Alcalde Luján es la nueva directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en sustitución de Pedro Zenteno Santaella.

Desde el 16 de septiembre de 2021 fungió como comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde dirigió la inspección y vigilancia de hospitales, medicamentos e insumos médicos, entre otros.

Asimismo, del 16 de noviembre de 2020 al 3 de agosto de 2021 fue delegada federal de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, adscrita a la Secretaría de Bienestar, donde coordinó la estrategia de vacunación durante la pandemia.

Durante 2019 trabajó como secretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución donde también se desempeñó como directora general de Apoyo Jurídico.

Tiene título de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y título de maestría en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York.

Como nueva directora general del Issste, Bertha Alcalde continúa la transformación del organismo para consolidar la estrategia de nuevas y mejores instalaciones médicas, abatimiento del rezago, mantenimiento de clínicas y hospitales, abasto de medicamentos y modernización de los 21 seguros, servicios y prestaciones de 13.8 millones de derechohabientes para garantizar el derecho a la salud y atención de calidad para las y los trabajadores al servicio del Estado y sus familias.

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