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Presuntos sicarios del CJNG repartieron despensas a afectados por el crimen organizado

Según cifras oficiales, Guanajuato es el estado donde se registran más homicidios, la mayoría vinculados a enfrentamientos del crimen organizado.

Los integrantes de la organización criminal regalaron despensas a los habitantes de la zona por la contingencia sanitaria que ha causado el coronavirus.

En imágenes y videos se observa a los emisarios, que portan pasamontañas, repartir cajas con el estampado del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El reparto de ayuda se lleva a cabo a pocos días de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, rechazara este tipo de apoyos por parte de quienes generan violencia en distintas zonas del país.

“Aprovecho para decirles a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas, eso no ayuda, ayuda el que dejen sus malandronadas”, señaló el mandatario mexicano.

El 18 de abril en el municipio Romita, a 39 kilómetros de Guanajuato capital, comenzó el reparto de enseres por parte del CJNG. Las personas hacían fila para recibir las bolsas con un estampado de las iniciales del cártel.

El centro de Guanajuato es identificado como la zona de operaciones de José Antonio Yépez, “El Marro”, que dirige el Cártel de Santa Rosa de Lima , organización que mantiene una disputa con “El Mencho”.

En días anteriores, el Cártel de los Durango, afín al grupo criminal de “El Marro”, realizó también entregas en el municipio de León, Guanajuato. También se supo de una célula delictiva que entregó dinero a las personas en situaciones vulnerables.

Hoy en día tres dimensiones exhiben al crimen organizado en México: la de milicias de sicarios que dejan hileras de muertos a su paso; la de “empresas” clandestinas dedicadas al tráfico de drogas y la extorsión; y la de cuasi “gobierno” que dan protección, reparten ayuda y se apropian de las obligaciones de la autoridad.

En la crisis por coronavirus, que es en estos días protagonista en cualquier conversación, los líderes criminales han enviado a sus pistoleros, abordo de camionetas a repartir despensas en diversos lugares de México.

La cuestión de entregar paquetes de alimentos es una táctica tan antigua como el propio narcotráfico. En México los sicarios se presentan habitualmente a la gente como “benefactores” y agentes del poder local, inicialmente sin pedir nada a cambio.

Los líderes criminales saben bien que para “gobernar” necesitan cuidar a las personas en su territorio, y lo hacen explotando situaciones vulnerables para su ventaja. A los ojos de cada persona, los grupos delictivos tienen mil y un rostros.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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