Política
PRI acusa a AMLO de “manejo de dinero ilícito” por 1,200 mdp
El Partido Revolucionario Institucional (PRI)acusó a Andrés Manuel López Obrador de utilizar en su campaña presidencial “de manera ilegal” al menos mil 200 millones de pesos a través de organizaciones civiles como Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, las cuales, dijeron, tienen una estructura “oculta” y que no son fiscalizables por la autoridad electoral.
Por ello, pedirán al Instituto Federal Electoral (IFE) que se incluya dentro del orden del día de la sesión extraordinaria del próximo jueves un avance sobre las investigaciones de la Unidad de Fiscalización sobre este caso.
“Se estima se manejaron de manera ilegal al menos mil 200 millones de pesos, destinados a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
“Cabe recordar que el 8 de junio de 2012, el PRI presentó ante el IFE una denuncia para investigar el origen del financiamiento de la Asociación Civil Honestidad Valiente, así como de su estructura y del destino de los recursos, en virtud de que se trata de un caso de financiamiento oculto a través de una estructura de operación y financiamiento paralelo a la Coalición Movimiento Progresista”, dijo Pedro Joaquín Coldwell en conferencia de prensa la tarde del lunes.
Acompañado de Jesús Murillo Karam, coordinador de asuntos jurídicos de la defensa legal del equipo de Enrique Peña Nieto, el diputado Alfonso Navarrete Prida, Raúl Cervantes, asesor jurídico del PRI y Eduardo Sánchez, vocero del partido, Coldwell señaló que a través “estructuras paralelas” como dichas organizaciones civiles se cometió un “fraude a la ley para evitar la fiscalización del origen y destino de sus recursospor la autoridad electoral”.
Además afirmó que López Obrador rebasó el tope de campaña y denunció que ese dinero sería de “origen ilícito” al afirmar que disponen de información sobre “el desvío de fondos públicos hacia la campaña de Andrés Manuel López Obrador provenientes de instancias gubernamentales dirigidas por militantes de la coalición Movimiento Progresista”.
Denuncias similares
Todos los señalamientos expresados por Coldwell este lunes son similares a las acusaciones que ha hecho López Obrador contra el PRI.
Incluso, la petición al IFE es similar a la que hicieron en conjunto el PRD y el PAN la semana pasada en el sentido de que el IFE debe presentar un avance en las investigaciones del caso Monex.
“Solicitamos se llegue al fondo del asunto para determinar de qué tamaño (es la cantidad de recursos utilizados) porque mil 200 (millones de pesos) ya están claros, quién sabe cuánto más haya sido“, aseguró Murillo Karam con base en una declaración del propio López Obrador en campaña.
Durante la conferencia no se presentaron documentos.
Carmen Aristegui
Política
Urgen a legislar la muerte digna en el Congreso local
04 de noviembre de 2026 – 01:38 Hrs. La discusión sobre la muerte digna en México ha cobrado relevancia, y se hace un llamado urgente para avanzar hacia un marco legal que permita a los pacientes con enfermedades terminales decidir sobre el final de su vida. Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende y fundadora de la Coalición Muerte Digna ¡Ya!, destacó esta necesidad durante el foro “Derecho a decidir en el final de la vida”, celebrado en el Congreso de la Ciudad de México.
Martínez subrayó que este es un momento histórico para la capital, donde se debe abordar la temática sin más dilaciones. En respuesta a esta demanda, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso capitalino, diputada Valeria Cruz, aseguró que el órgano legislativo ha asumido el compromiso de dictaminar la propuesta. Además, anunció la realización de tres foros de discusión adicionales para profundizar en el tema.
Desde el gobierno de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Salud local, Nadine Gasman, reafirmó la disposición de preparar al sistema público de salud para responder a estas decisiones, asegurando que se implementarán criterios de bioética y salvaguardas legales para proteger a los pacientes.
Por su parte, Ruth Francisca López, titular del Instituto de las Personas con Discapacidad, enfatizó que el debate sobre la muerte digna debe garantizar el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica y la voluntad de las personas con discapacidad. López destacó la importancia de que estas personas sean tratadas sin prejuicios y cuenten con el respaldo de redes de apoyo que les permitan tomar decisiones informadas sobre su vida y su muerte.
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